Es curioso que los partidos de la derecha que hace 45 años no pidieron el voto a favor de la Constitución, hoy se muestran sus mayores defensores. Alianza Popular no lo veía muy claro, hubo división de opiniones y los antecesores del PP optaron por dar libertad de voto a sus afiliados. Fuerza Nueva, un partido que tras haber permanecido varias décadas en el limbo, se ha reencarnado en VOX, pidió el voto en contra. Ahora se refieren a la Constitución como si se tratase de un libro sagrado y ellos son los constitucionalistas frente a aquellos que no lo son. La han idealizado de tal manera que ven peligrar su existencia debido a las aspiraciones nacionalistas de los partidos que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez. La Constitución no es la Biblia sino un texto legal y lo preceptivo es su cumplimiento, aunque puede haber ciudadanos a los que no les guste su contenido. No se trata de una ley infalible y en la propia Constitución está previsto que pueda ser modificada, siguiendo unas reglas, en la medida que sea necesaria su adaptación a los cambios que se produzcan en la sociedad. A propósito de lo dicho, no estaría de más modificar la Constitución para incluir el derecho a la sanidad pública en la sección primera del capítulo segundo, donde se reconocen los derechos fundamentales de la persona. Por el momento, la protección a la salud aparece en el capítulo tercero que no habla de derechos, sino de los principios rectores de la política social y económica, que viene a ser lo mismo que una mera declaración de intenciones. Obviamente, en esta materia la Constitución se ha quedado corta. El deterioro que está sufriendo la sanidad pública es evidente. Cada día que pasa la sanidad privada está creciendo a pasos agigantados y se percibe una tendencia a favorecerla concertando con empresas aseguradoras, a la vez que la sanidad pública va decayendo. Quienes hoy defienden la Constitución con tanto ahínco, deberían de considerarla como un procedimiento legal para mejorar la vida de los ciudadanos, adaptándola a los tiempos que corren. Desde la Ley General de Sanidad de 1986 hasta la fecha, la sanidad pública se ha consolidado como un derecho regulado por leyes ordinarias, susceptible de ser modificado por un real decreto. Su elevación a un derecho constitucional es necesario para que ningún gobierno con tendencia al liberalismo de cervecitas, tenga la tentación de declarar una ley que ponga límites a la sanidad pública.