Se puede, o no, estar de acuerdo con la reforma del Código Penal en cuanto al delito de sedición se refiere, pero las consecuencias catastróficas que pronostica la derecha me parecen excesivas. Se trata de la sustitución en el Código Penal del delito de sedición, que tiene una pena máxima de 15 años de cárcel, por uno de desórdenes agravados, con una pena de hasta cinco años. De todos los argumentos que exponen los contrarios a dicha reforma, no he apreciado ninguno que se refiera estrictamente a su contenido, sino a cuestiones que trascienden a materias de ámbito estatal. Que España se rompe, que se vulnera la constitución y que peligra la democracia. Con todos mis respetos para los que piensan que la reducción de la pena dará lugar a que España se rompa, semejante pronóstico me parece disparatado. Si España se hubiese roto por cada una de las razones que la derecha ha vaticinado su ruptura, hoy no quedaría ni rastro. Pero, en fin, se trata de una opinión y todos somos muy libres de opinar lo que nos parezca. Lo que no es razonable es considerar que, con dicha reforma, se vulnera la Constitución y que peligra la democracia como manifiestan algunas voces acaloradas. La reforma, si se lleva a cabo, se hará de acuerdo con la Constitución y como corresponde a un estado democrático. El primer paso que se ha dado ha sido la presentación de una proposición de ley prevista en el artículo 89 de la Constitución, a iniciativa del Gobierno, tal y como establece el artículo 87. Dicha propuesta se someterá a un parlamento compuesto por diputados españoles que en su día fueron elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos descritos en el artículo 68 de la Carta Magna. Para que la reforma se lleve a cabo y entre en vigor, será necesaria su aprobación por mayoría en el Congreso que, al parecer, está garantizada. Ni se va a vulnerar la Constitución ni peligra la democracia. Como dije al principio, cualquier modificación legislativa, se puede votar a favor o en contra según se considere, y lo correcto sería motivar cada postura con argumentos vinculados a la materia que se pretende modificar. Lo que me parece impropio es que, desde el presidente del primer partido de la oposición, hasta los titulares de medios afines a la derecha, se manipule a la opinión pública con discursos maquiavélicos que no se corresponden con la realidad. Repito, ni se vulnera la Constitución, ni peligra la democracia.