A La Plataforma Solar de Almería (PSA) le llueven desde todos los sitios. Si el ministro Montoro traza un plan para fiscalizar las cuentas, algo que sucede desde 2015, la Plataforma ve como la disponibilidad de los fondos se ralentiza de tal forma que es imposible ejecutar en tiempo los proyectos; si los partidos políticos no se ponen de acuerdo a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la central también se come el marrón. Y eso es, precisamente, lo que acaba de pasar. Un nuevo mazazo. Sin cuentas estatales, una buena parte de los recursos económicos de la Plataforma y del resto de Organismos Públicos de Investigación (OPI) funcionarán al 50%. Solo se pueden utilizar la mitad de aquellos incluidos dentro del Capítulo 6 de organización de los PGE que están destinados al personal temporal y al material. ¿En qué afecta? Es simple. En la imposibilidad para contratar personal temporal y material para la ejecución de los proyectos. Así se desprende del acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que introducen un mayor control de la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8.

La Plataforma cuenta con fondos suficientes para desarrollar todo su trabajo, el problema son las trabas administrativas que desde Hacienda se le plantean que les llegan de forma contínua. Los fondos son de proyectos competitivos ajenos a los Presupuestos Generales del Estado, en su mayoría, provenientes del extranjero. "Dentro de toda esta historia, lo que nosotros venimos argumentando desde el principio es que nos cambian las reglas del juego y nos colocan dentro de los Presupuestos Generales del Estado desde hace dos años. Cualquier cosa que les afecte, nos afecta. Da igual de donde vengan los ingresos", argumenta Sixto Malato, , exdirector de la Plataforma Solar, recientemente elegido como mejor investigador nacional de ingeniría ambiental y Premio Rey Jaime I.

La Plataforma contaba a finales de 2018 con 13 trabajadores temporales que se incorporan mediante la convocatoria de plazas. De esos, tan solo se han convocado cuatro -cuya tramitación se encuentra en periodo de selección y se esperan para abril-, sin embargo, la nueva medida derivada de la imposibilidad de generar unos presupuestos impide, por el momento, convocar más plazas a la Plataforma. Además, el centro requiere la convocatoria de otras seis plazas para nuevos proyectos que tampoco puede convocar.

"La medida ya nos está afectando. No sabemos cuándo se convocarán las plazas de personal temporal. Convocaron cuatro a final de diciembre, bastante después de lo que esperábamos, pero del resto no sabemos cuando. Ahora mismo, simplemente, no se pueden convocar. Tenemos paralizado un grupo, que era el que pretendía continuar la labor que se realizaba antes, y no podemos convocar a otro grupo para nuevas actividades", agrega. "En los proyectos, lo que esté destinado a fondos para inversión, de compra de equipamiento nuevo, tampoco se puede tocar. Estamos haciendo lo que podemos en los proyectos activos, pero muchos de ellos están paralizados (no suspendidos). No tenemos gente y no podemos comprar el equipamiento que hace falta para esos proyectos".

En consecuencia, en la actualidad se están viendo afectados todos los proyectos que proceden de fondos europeos. No afecta tanto a los españoles, ya que los fondos que proceden del Plan Nacional de Ciencia resultan un pequeño porcentaje.

"Estamos incumpliendo tareas y retrasándolas. Si pierdes prestigio en tu campo de investigación incumpliendo tareas lo que pones en riesgo es optar a proyectos. No te dan proyectos o los consorcios europeos que cuentan contigo pueden dejar de hacerlo", sentencia Malato, quien al mismo tiempo agrega que "si la Plataforma de tener proyectos europeos en el futuro, que nadie piense que hemos sido torpes y no nos lo han dado. Es porque al final lo que se está impidendo es que la Plataforma y los Organismos Públicos de Investigación en su conjunto hagan la labor de la forma eficiente que se hacía antes".

La fiscalización previa de las cuentas de los Organismos Públicos de Investigación afecta a la Plataforma desde 2016. Su forma de funcionar anterior nunca resultó problemática: "La línea base de todo esto es que los fondos competitivos de los centros de investigación no pueden ser considerados PGE. Hemos estado así durante dos décadas. Alguien ha hecho una norma que no está bien pensada", apostilla, argumentando que "tendrán que llegar a la conclusión de que esto no puede continuar así. El cuando, no lo sé y tampoco sé el daño que hecho cuando pongan fin".

Los OPIS forman parte de la estructura del Estado, pero dentro de ellos, había organismos, como la Plataforma, que tenían una forma de legislación un poco adaptada que desapareció a finales de 2015. "Nos integraron dentro de los PGE, todo lo que les suceda les afecta. Da igual el dinero que recibamos de cualquier sitio, que no podemos tocarlo", manifiesta el exdirector del centro. Por lo tanto, la solución radica en la separación de los fondos de los proyectos de los Presupuestos Generales del Estado, estableciendo una normativa que vuelva a la situación anterior. "Era valida y ha estado funcionando mas de 20 años. Y es la que se aplica en otros centros españoles públicos. Y por tanto igual de legal", sostiene Malato. En definitiva, con esta normativa, los fondos que no se inviertan se tendrán que devolver en el futuro.