El Colegio de la Abogacía de Almería ha celebrado este viernes por todo lo alto el Día de la Justicia Gratuita. Una celebración que pretende dar lustre y visibilidad a la actividad que desarrollan en favor de los más vulnerables los abogados del turno de oficio y adscritos a la asistencia jurídica gratuita. Ha sido en un acto que ha contado con las principales caras de la administración de justicia, como el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Miguel Columna; el fiscal jefe, José María López Cervilla; la secretaria coordinadora, María José Cañizares, o la delegada de Justicia de la Junta, Carmen Navarro.

Tras la recepción de invitados y autoridades a cargo del decano Juan Luis de Aynat, la letrada Marta Ortiz ha leído el manifiesto en defensa de estos servicios esenciales hecho público por el Consejo General de la Abogacía, tras lo que se ha entregado una distinción por su labor de apoyo a la fiscal delegada de Violencia de Género, Marta Brea, y a la secretaria de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería, Carmen Pareja Serrano.

Asimismo, los abogados María del Carmen Silva Sánchez, Begoña García-Oliva Martínez, José Luis Fernández Coronado, Rosa María Jaume Mora, Fernando Luis Aguilera Martín, José María Frías Muñoz, Juan Manuel Castaño Gallego, Jalika Demba Jatta, Mercedes Sánchez Viedma y Pamela Esther Gutiérrez Ferre, han sido distinguidos por su desempeño en este campo.

Uno de los momentos más emotivos ha tenido lugar cuando el decano De Aynat ha entregado este reconocimiento, a título póstumo al abogado José Javier Miguel Ortiz, que ha recogido su esposa Rocío -la cual se ha dirigido emocionada a los presentes-, y al funcionario de la Administración de Justicia Francisco Gabriel Dionisio, que ha sido depositado en manos de su hija Laura.

El diputado tercero y presidente de la Comisión del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, José Luis García Planchón, ha facilitado acto seguido algunos datos que dan buena fe de la importancia de la justicia gratuita para la abogacía almeriense. Por ejemplo, un 54% del personal del Colegio está adscrito a este servicio. En 2022 se recibieron 19.292 solicitudes y 652 abogados prestaron servicio de guardia, con más de 4.900 guardias asignadas por la Junta de Andalucía que se tradujeron en 14.062 asistencias y 21.331 designaciones de profesionales.

García Planchón ha destacado que en enero del año pasado entró en funcionamiento un turno de oficio especializado de protección internacional que fue vinculado con la oficina de asesoramiento legal puesta en marcha con el respaldo de ACNUR, una decisión que “ya está dando resultados” con la designación de letrados en expedientes de asilo que han sido trasladados al Ministerio.

“El Colegio está abierto a cualquier institución, privada o pública, para ampliar los servicios que tienen que ver con la justicia gratuita. Siempre estamos dispuestos a estudiarlos”, ha sostenido.

La fiscal Marta Brea ha realizado también una alocución en la que ha incidido en el marco legal de la justicia gratuita y su situación actual, así como el reconocimiento “cada vez mayor” de este colectivo con ejemplos como el que unas 40 localidades hayan dedicado el nombre de una calle o plaza al abogado del turno de oficio.

Mercedes Sánchez Viedma ha hablado en representación de los abogados del turno de oficio y ha revelado que ha sido gracias a la carta de un cliente para agradecerle “la dedicación y esfuerzo en defensa de sus intereses”, el no haberse “sentido un expediente más” gracias a la mezcla de una “pizca de empatía y muchas horas de estudio”.

“Ser letrado del turno de oficio no es un trabajo de saldos o para rellenar un expediente. Se es letrado con mayúsculas”, ha advertido, toda vez que ha reconocido que los honorarios son discutibles, aunque nunca un motivo para actuar de forma “chapucera”.

Reconoce que no todo es “color de rosa” porque significa estar operativo 24 horas al día, los siete días de la semana, pero que esta vía es la única forma de que muchas personas puedan pleitear si es necesario.

Por último, el decano Juan Luis de Aynat ha subrayado que esta gratuidad para los que menos tienen siempre ha existido, con un nombre u otro. “Antes se llamaba de pobres, pero los abogados de oficio siempre han ejercido, y los colegios han tenido esa encomienda”, ha sostenido. Como ejemplo, ha expuesto un expediente de hace 200 años en el que un acusado por un homicidio tuvo dos abogados que “no cobraron ni el timbre” de la causa.

Ha indicado que el año pasado la justicia gratuita supuso para el Estado un coste de 459 millones de euros, aunque ha destacado que los 149 euros por expediente que cobran los letrados “no es que sean indignos, es que simplemente a veces no compensan ni los traslados, las fotocopias o la compra de un libro para un caso específico”, por lo que reclama mejoras retributivas para esta “garantía de la democracia y servicio público” tan necesario.