Ana Julia Quezada, en la Audiencia provincial.

Mientras el rey presidía este lunes la solemne apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, la Audiencia de Almería acogía el inicio de la vista contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, para la que la Fiscalía solicita prisión permanente revisable por un delito de asesinato y diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a Ángel Cruz y Patricia Ramírez, los padres del pequeño ‘Pescaíto’.

Poco antes de las nueve de la mañana Ana Julia llegaba al Palacio Provincial de Justicia en un furgón de la UPR de la Policía Nacional, procedente del centro penitenciario El Acebuche. Bajó a pie del vehículo y realizado un breve paseíllo hasta los accesos a los calabozos por la parte posterior de la Audiencia, donde los medios gráficos pudieron inmortalizarla con una imagen muy diferente a la que lucía durante los intensos días de búsqueda, vestida con una americana azul, pantalón y camisa blanca.

Tras esto, permaneció en los calabozos durante la constitución del jurado popular que hasta el próximo 18 de septiembre será responsable de enjuiciarla y declararla, al término del juicio, culpable o no de los delitos por los que se encuentra acusada. Tras los descartes reglamentarios, de entre los 36 posibles miembros fueron seleccionados siete mujeres y dos hombres como titulares, así como un varón y otra mujer en calidad de suplentes.

"Actuó con claro ánimo de ocasionar la muerte de modo deliberado y consciente, a sangre fría”, dice la fiscal Elena María Fernández

Ana Julia Quezada llega a la Audiencia Provincial de Almería.

Ya cerca de las doce y media, Ana Julia fue conducida a la sala de vistas, donde a petición de su abogado la magistrada Alejandra Dodero autorizó que le fuesen retiradas las esposas que llevaba puestas hasta ese momento. Acto seguido, comenzó la vista en sí. La acusada ha pasado gran parte de la sesión con lágrimas en los ojos, mientras la fiscal solicitaba incorporar dos pruebas: un reportaje fotográfico de la zona en la que desapareció Gabriel realizada por el Laboratorio de Criminalística, así como la evaluación económica de la búsqueda.

La fiscal Elena María Fernández aseguró en su intervención que el pequeño “no tuvo opción de salir con vida” de la finca de Rodalquilar, en la que falleció.

“Yo tengo una convicción subjetiva y personal que no sirve de nada pero tengo la convicción jurídica de que Ana Julia Quezada cometió un delito de asesinato y otro de lesiones sobre los padres del menor”, dijo Fernández, quien recalcó que “con claro ánimo de ocasionarle la muerte, de modo deliberado, consciente, a sangre fría y con absoluto desprecio a la vida”, Ana Julia le dio “muerte de una forma tan repentina, inmediata e impredecible que anuló toda capacidad de reacción de este niño”, sostuvo.

Añadió que Gabriel no podía esperar además “de ninguna manera un ataque que procede de una persona que es pareja de su padre”, que había generado “confianza” en él por pertenecer al entorno familiar del niño.

Defendió que “más allá de este ataque” que pilló “desprevenido” al menor, Ana Julia aprovechó la absoluta “situación de desamparo y desvalimiento” propia de un niño de “8 años que pesaba 34 kilos”, por el “desequilibrio de fuerzas” entre ambos que le dio una “mayor facilidad para cometer el delito y asegurar el resultado de muerte”.

Asimismo, se refirió al daño provocado a los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, por su actitud durante la búsqueda de Gabriel, dándoles esperanzas durante la misma. En este sentido, censuró la “sobreactuación en los medios” en los que mostró un “estado de aflicción compungida y falsario” en manifestaciones, “alentando los ánimos de los padres”. “Pensamos que el impacto emocional de ese comportamiento en el estado de conmoción emocional, de angustia e incertidumbre de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, permite acusarla de dos delitos de lesiones psíquicas por su absoluto desprecio a su estado”.

"Lo apaleas, lo ves balbucear con vómito y, ahí, lo asfixias”, ha dicho el letrado Francisco Torres sobre cómo actuó la investigada

El letrado de la acusación particular, Francisco Torres, reiteró que el pequeño estuvo “cerca de una hora con posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada” y que a muerte del menor no pudo ser un accidente, como mantiene la defensa de Quezada, asegurando además que “no cabe tanta maldad, hacer tanto daño a un niño” como el que, afirmó, ha hecho la acusada.

“Pudo hacer con el niño lo que quisiera”, recalcó el letrado, quien ha subrayado que le dio una “manta de palos antes de asfixiarlo”. “La secuencia de los hechos es que lo mata y se pone a fumar y a hacer el hoyo. Es seguro que es cuando ve que aún respira que lo asfixia ahí”, ha señalado.

“La sensación que tenemos es que seguramente lo quiso descuartizar. Hay un móvil doble. Un móvil económico. Ya iba repartiendo. El segundo móvil es que, objetivamente, Gabriel le estorbaba”, incidió, insistiendo en la "frialdad y crueldad" de la procesada, preguntado al jurado si "podían imaginarse ponerse a pintar una puerta o a poner una lavadora después de matar y enterrar a alguien"

Ana Julia Quezada junto a sus abogados.

Durante su intervención en el inicio de la vista con jurado popular defendió, también frente al Ministerio Público, que Ana Julia Quezada actuó no solo con alevosía y premeditación al forzar los hechos un “día en el que el padre estaba ausente” sino que también se “ensañó” con el menor “aumentando inhumanamente el dolor para hacerle sufrir”. “Lo apaleas, lo ves balbuceando con vómito y, ahí, lo asfixias”, aseguró para apostillar que si “su pretensión era asfixiarlo, no le da la somanta de palos que le dio durante una hora”.

Además reiteró que aprovechó que el padre del menor, Ángel Cruz, trabajaba el 27 de septiembre del año pasado para llevarse al pequeño a la finca de Rodalquilar, con cualquier “pretexto”, un lugar “donde nadie te va a escuchar, apartada del mundo”. En su opinión, quería descuartizar al niño cuando fuese posible y la situación “se le fue de las manos” porque no esperaba que hubiese tanta afluencia de personas en un pueblo con unos cincuenta habitantes.

El abogado Esteban Hernández Thiel mantiene que "el ser humano cuando hace el mal por desgracia y por naturaleza tiende a ocultarlo”

El abogado defensor, Esteban Hernández Thiel, argumentó que si el pequeño falleció porque “todo estaba planeado” como sostienen acusación particular y Fiscalía, “parece una chapuza enorme”. “Matarle en la vivienda de su padre; quedarse allí con el revuelo mediático que se forma; seguir con ellos -con los familiares-... Un móvil que tiene poco sentido”, indicó ante los miembros del jurado, insistiendo en que su intención no era provocar unas lesiones al niño, ni añadir un sufrimiento añadido a los padres sino que “no se descubriese lo que había hecho” posteriormente. “Entendemos que no fue un plan preconcebido, ya que, si bien su conducta no fue la más afortunada, sí es pero muy común, ya que el ser humano cuando hace el mal por desgracia y por naturaleza tiende a ocultarlo”, concluyó.

La magistrada Alejandra Dodero preside la vista oral con jurado popular.