El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto al alcalde de Berja (Almería) y parlamentario andaluz por el PP, Antonio Torres, para quien la acusación ejercida por la Agrupación municipal del PSOE en el municipio solicitaba dos años de inhabilitación, al considerar que incurrió en prevaricación al nombrar a un nuevo jefe de la Policía Local en el año 2007.

La sentencia favorable a Torres, que ha sido anunciada por el presidente provincial del PP, Gabriel Amat, tras la reunión de su junta directiva celebrada en la tarde de ayer en la capital, resuelve, asimismo, la devolución de la fianza de 12.000 euros que tuvo que depositar el regidor cuando se ordenó apertura de juicio oral contra él para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.

Torres declaró ante la Sala de lo Penal y Civil del Alto Tribunal andaluz durante el juicio celebrado el pasado día 25 que decretó el nombramiento del nuevo jefe de la Policía Local bajo la "creencia y convencido" de que estaba "actuando correctamente" y trasladó que pensaba que para poder acceder al puesto sólo se requería de una determinada titulación académica que el candidato "confirmó" que poseía.

El fallo estima que el regidor no cometió ningún acto que merezca el reproche penal y se aviene a la tesis sostenida por la defensa y en su día por la Fiscalía, que no llegó a formular acusación, al considerar que las supuestas irregularidades recogidas en el decreto serán una cuestión administrativa y, que por tanto, no existió dolo en la decisión de Torres.

La acusación popular, ejercida por la Agrupación Municipal de PSOE virgitano mantuvo su petición de dos años de suspensión de empleo y cargo público y del pago de una multa de ocho meses a razón de 50 euros al día.

El fiscal, sin embargo, apreció antes de la apertura de juicio oral que el alcalde no incurrió en delito y subrayó que tanto los decretos de cese como de nombramiento ya fueron anulados por un juzgado de lo contencioso-administrativo en octubre de 2008 y que, en cumplimiento de la sentencia, el alcalde tuvo que reintegrar al perjudicado a su puesto de trabajo, lo que hizo efectivo apenas dos meses después.

El escrito de acusación detallaba que Torres, quien continúa imputado por presunta prevaricación en la construcción de un espigón en el litoral de Balanegra, «inmediatamente después» de su toma de posesión como alcalde tomó la decisión de cesar al jefe de la Policía Local, quien desempeñaba esa función desde 1985 después de acceder a la plaza en propiedad mediante concurso-oposición.

Un mes después, designaba a otra persona para desempeñar "accidentalmente el cargo" mientras su antecesor estaba de vacaciones aunque este nunca llegó a reincorporarse debido a una baja por enfermedad derivada del «sentimiento de estar sometido a acoso laboral» y en noviembre de 2007, el regidor hizo efectivo mediante decreto el relevo en la jefatura de la Policía Local por procedimiento de libre designación.