La Audiencia de Almería ordena intervenir el dinero en prisión de la asesina de Gabriel tras siete años de impagos

Patricia Ramírez logra que el tribunal desestime el recurso de la defensa. "Se nos ha pagado menos de 250 euros de responsabilidad civil en siete años", denuncia la madre del 'Pescaíto'

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Patricia Ramírez ha declarado como perjudicada por las amenazas de Ana Julia Quezada.
Patricia Ramírez ha declarado como perjudicada por las amenazas de Ana Julia Quezada. / Marían León

Han pasado siete años, pero la lucha de Patricia Ramírez por la dignidad de su hijo y el respeto a los derechos de las víctimas no cesa. En un comunicado emitido este 16 de diciembre, la madre de Gabriel Cruz ha informado de un avance judicial significativo que pone coto a la impunidad económica de la asesina de su hijo dentro de la cárcel: la Audiencia Provincial de Almería ha ordenado el embargo de su peculio.

La decisión llega tras un recurso de la defensa de la condenada, que intentó frenar la intervención de sus cuentas en prisión. Sin embargo, la Justicia ha dado la razón a la familia. Mediante un decreto fechado el 5 de diciembre, el tribunal ha desestimado el recurso de reposición de la defensa , estableciendo un criterio claro y contundente: dado que la interna tiene cubiertas "todas las necesidades básicas mínimas vitales" dentro de la cárcel, cualquier ingreso extra debe destinarse a cumplir con la condena económica.

El argumento jurídico aceptado por la Audiencia es que el mínimo de subsistencia (equiparable al Salario Mínimo Interprofesional) ya lo recibe en especie dentro del centro penitenciario. Por consiguiente, tal y como explica Ramírez en su escrito, "todo el exceso debe de ir destinado a la satisfacción del interés de las víctimas".

Esta medida busca corregir una situación que Patricia califica de dolorosa: en siete años de cumplimiento de condena, la responsabilidad civil abonada a la familia asciende a "menos de 250 euros". A partir de ahora, el centro penitenciario deberá informar de cualquier trabajo remunerado o depósito que reciba la presa, permitiendo a la familia solicitar medidas para proteger sus derechos.

El comunicado de Patricia también pone el foco en los bienes que la asesina podría tener ocultos fuera de las fronteras españolas. La acusación ha vuelto a solicitar a la Audiencia la "averiguación de sus bienes fuera de España".

Ramírez lamenta profundamente la falta de información al respecto: "Son siete años en los que nadie nos ha dado cuentas de la existencia de su presunta casa pese a que consta en las diligencias policiales", señala. La madre de Gabriel recuerda que dicha propiedad ha sido mencionada incluso en producciones documentales, pero judicialmente sigue sin esclarecerse su estatus para el pago de la indemnización.

"Me hacen confiar en que se está empezando a trabajar en la protección de nuestros derechos y seguridad", afirma Patricia , quien cierra su mensaje agradeciendo el apoyo social en este "largo e incansable proceso" y deseando una buena Navidad a los almerienses.

Más allá de lo económico, el comunicado cierra con una nota preocupante pero esperanzadora sobre la seguridad de la propia Patricia. Se está realizando un estudio sobre unas "presuntas amenazas recibidas" que, según asevera la progenitora, la Fiscalía ha calificado recientemente como "graves". No obstante, la representación letrada de la pareja de Ana Julia ha asegurado a este periódico que se trata de "una relevancia penal que no consta en ningún escrito ni resolución judicial".

Es más, este abogado ha incidido en que "ni de forma directa ni indirecta" se ha producido una "conducta amenazante" por parte de su representada. "La persona a la que represento no ha proferido amenaza alguna, no ha emitido mensajes, no ha realizado llamadas, ni ha actuado por sí ni por medio de terceros, careciendo tales imputaciones de respaldo probatorio mínimo en las actuaciones judiciales", ha trasladado a este periódico el abogado de la joven.

En este sentido, ha subrayado que la "vinculación mediática" de la persona a la que representa con el procedimiento obedece "exclusivamente a su relación sentimental con Ana Julia Quezada, relación posterior en el tiempo a los hechos por los que esta última fue condenada y obtuvo notoriedad social". "Tal circunstancia no permite, ni jurídica ni lógicamente, atribuir a mi representada responsabilidad penal alguna, ni directa ni indirecta, ni construir una imputación por asociación personal o afectiva", añade.

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