Son mirados de reojo y hasta con desprecio por gran parte del sector hortofrutícola almeriense, a los que tachan de falta de profesionalidad, de escasez de recursos y herramientas para una adecuada comercialización, y hasta de competencia desleal, por contribuir a atomizar aún más la ya de por sí dispersa oferta de frutas y hortalizas 'made in Almería'. Son los mal llamados 'chiringuitos' agrícolas, que en su haber sí tienen algo de lo que no todos pueden presumir: vender el producto con un precio cerrado y dejarlo fijado por contrato.

Esa estabilidad y certidumbre es la que se echa en falta, históricamente, por parte del agricultor almeriense, tal y como denunció ayer Coag Almería. "En los últimos cinco años, los precios hortofrutícolas han sido una auténtica montaña rusa", dijo Andrés Góngora, secretario provincial de Coag en Almería, durante el desayuno informativo que llevó a cabo la organización agraria ayer, en el que planteó fórmulas para desarrollar un modelo comercial diferente, que pueda acabar con la incertidumbre que supone para el agricultor tener que vender su producción sin conocer el precio.

En los últimos cinco años, los precios del sector hortofrutícola han sido una montaña rusa"Andrés GóngoraSecret. provinc. Asaja Almería

Góngora explicó que lo que se pretende buscar es una estabilidad para el eslabón más débil de la cadena agroalimentaria, más aún, teniendo en cuenta la asfixia a la que se ve sometido con el incesante aumento de los costes de producción. Recordó la existencia de los mecanismos de gestión de crisis, sobre los que añadió, como viene denunciando desde hace años, que están siendo infrautilizados por parte de Aproa (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía) y, en el caso de que se utilicen, las comercializadoras lo ocultan porque consideran que se les puede 'acusar' de llevar a cabo una gestión ineficaz y eso daña la imagen general del sector hortofrutícola almeriense o del gerente de la cooerativa de turno.

También animó a los agricultores a integrarse, de una vez por todas, en alguna Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), pues en la actualidad el 50% de ellos se encuentra fuera de estas OPFH, que suponen no sólo "un paraguas de la propia Unión Europea para la obtención de los fondos operativos", apuntó, sino también una herramienta clave a la hora de "poder gestionar el mercado" mediante esos mecanismos de gestión de crisis de precios.

Andrés Góngora abogó por impulsar la formalización de contratos, como dice la Ley de la Cadena Alimentaria, para que en ellos se recoja el precio al que se venden los productos. Pero esta normativa sólo es aplicable al ámbito nacional, donde Almería comercializa sólo el 30% de lo que produce. Para que el 70% restante cuente con una protección legal, la UE está trabajando en una Directiva Europea que extrapolará en gran medida el contenido de la norma nacional, que entró en vigor en agosto de 2013, y que, según las estimaciones de Góngora, comenzará a funcionar antes de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán a finales de mayo de 2019.

El secretario provincial de Coag en Almería anunció que van a llevar a cabo una ronda de contactos y encuentros con las principales empresas comercializadoras de la provincia, a través de los agricultores que se encuentran en las juntas rectoras de las mismas, para plantear este nuevo modelo que, a su juicio, debe tratar por todos los medios de incluir el precio por contrato, así como para impulsar, de una vez por todas, los mecanismos de gestión de crisis, cuando sean necesarios. "Si al principio de cada campaña, nos juntáramos todos, organizaciones agrarias y la patronal, y dijéramos públicamente que vamos a contar con esa herramienta para gestionar las crisis de precios, estaríamos enviando un mensaje muy claro a la distribución, lo que beneficiaría la formación de un precio digno y rentable en origen", desgranó Góngora.

Además, añadió que cada agente del sector debe asumir "su rol" dentro de la cadena agroalimentaria, y si las empresas comercializadoras no se atreven a denunciar a sus clientes por prácticas fraudulentas en el ámbito de la Ley de la Cadena, las organizaciones agrarias pueden perfectamente asumir ese papel de "poli malo" para que estas entidades, ya sean cooperativas o alhóndigas, puedan señalar de forma anónima y así evitar posibles represalias al quedar "marcadas" por la distribución.

Insistió en que "los mal llamados chiringuitos" del sector agrícola están ganando más tamaño haciendo las cosas bien porque, para empezar, están fijando el precio de las operaciones de compraventa. Y recordó que cuando los empresarios agrícolas van a una feria, como hace unos días en Fruit Attraction, hablan de abastecimiento de productos, pero nunca de precios.