Arquitectos solicitan ayudas a la construcción ante el desplome del 40% de visados de obra
Coronavirus Almería
Desde el Colegio de Almería entienden que la rehabilitación de edificios puede ser un balón de oxígeno para la recuperación de la economía provincial
El sector de la construcción se encuentra bajo mínimos, por debajo de cualquiera de las crisis de los últimos 50 años. Es una realidad que el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), constata con el número de visados de obras que, durante el mes de abril, ya decretado el estado de alarma por COVID-19, ha caído en picado con un reducción del 40%. La preocupación es máxima en un sector que aún no había superado la anterior crisis y que, sin embargo, puede convertirse en sostén económico.
El COAA se ha dirigido a las diferentes administraciones públicas, entre ellas al Gobierno de la Nación a través del subdelegado en Almería, a la Junta de Andalucía con las delegaciones territoriales de Fomento y Medio Ambiente como intermediarias, a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de la capital al objeto de que se arbitren ayudas y fondos públicos para la reactivación de la construcción, que será clave en la creación de empleo y la absorción de la pérdida de trabajo de otros sectores como el turismo.
“Como consecuencia de la lucha contra el COVID-19, se ha generado otro nuevo azote a nuestra profesión”, explica el decano del Colegio de Arquitectos, José Díaz, en los escritos remitidos a los máximos responsables de las administraciones antes citadas a los que se les solicita, “en la medida de lo posible, resortes para que de forma eficaz se reactive nuestro sector en el marco de las respectivas competencias y funciones”, teniendo en consideración que la construcción “forma parte de la estructura básica que contribuye fundamentalmente, sin duda alguna, al sostenimiento de la economía”.
La crisis sanitaria ha provocado la paralización de la práctica totalidad de las obras durante el periodo central del confinamiento. Durante los próximos meses, además, la actividad se verá alterada y ralentizada por la necesidad de adecuar los procesos de producción a las directrices sanitarias. Las consecuencias de dicho parón y ralentización son todavía difíciles de evaluar, si bien, según la encuesta realizada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, se pueden situar en una caída de actividad a final de año próxima al 50%.
Con estas perspectivas, los arquitectos entienden necesario el arbitraje de políticas públicas de impulso que contemplen aportación de fondos públicos, tanto directos como en forma de beneficios fiscales, incentivos normativos y aprovechamientos urbanísticos. Pero las medidas de apoyo al sector deben comenzar con la plena reanudación de las obras, públicas y privadas, en todas sus modalidades. Hace hincapié el decano hincapié en las obras de reforma y rehabilitación, incluidas las actuaciones en viviendas habitadas, ya sean unifamiliares o integradas en edificaciones plurifamiliares o sus zonas comunes.
La desescalada ha conllevado una modificación de la orden de SND/340/2020, del 12 de abril, que suspendía las obras en edificios de residentes, si bien las nuevas directrices carecen de la claridad que requiere el sector, dispuesto a reanudar estos trabajos de rehabilitación y reformas “siempre y cuando, como no puede ser de otra manera, se cumplan escrupulosamente la medidas que garanticen la no propagación del COVID-19” , teniendo en cuenta, además, que se ha permitido el acceso a los inmuebles habitados a servicios de mensajería o reparaciones, entre otros.
La rehabilitación, fuente de trabajo y esencial en Almería
La rehabilitación es un pilar esencial dentro del sector de la construcción y que, ante la nueva realidad a la que se enfrentan las ciudades en los procesos de readaptación a implementar, experimentará, con el apoyo de las administraciones públicas requerido, una tendencia al alza. La rehabilitación y renovación urbana tienen un potencial de recuperación y generación de nuevo empleo incomparable. El sector de la construcción y, especialmente la rehabilitación y renovación urbana, es muy intensivo en trabajo, con lo que su reactivación tiene un alto efecto positivo sobre el empleo. Para medir el potencial de mantenimiento o crecimiento a corto y medio plazo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha elaborado un informe en el que compara los trabajadores ocupados en el sector en los países europeos semejantes al territorio español.
El promedio de trabajadores ocupados en rehabilitación en los países europeos (Francia, Bélgica, Portugal, Italia y Alemania) es del 3.9%, mientras que en España solo es del 2,2%. “Si solamente alcanzásemos el nivel actual de rehabilitación de dichos países (que ya tienen programas para impulsar el crecimiento respecto a dichas cifras), significaría que el sector de la rehabilitación en España podría generar 400.000 nuevos empleos, capaces de absorber pérdidas de ocupación de otros sectores”, indica el informe. Este dato esperanzador cobra más importancia, si cabe, en el territorio provincial, ya que Almería registra en este ámbito una peculiaridad destacada con respecto al resto geografía regional y nacional. Mientras que el volumen de obras de rehabilitación en comparación con las viviendas de obra nueva representa en España el 11% y en Andalucía el 17%, según los datos del COAA, en Almería el porcentaje se eleva hasta el 45%.
“El apoyo público a la rehabilitación, mediante exenciones fiscales y ayudas directas selectivas favorecerá la actividad y el trabajo”, subraya Díaz. Se estima que, por cada 1.000.000 euros de inversión en rehabilitación se generan 18 puestos de trabajo (fuente ERESE), y el retorno fiscal mínimo se sitúa en el 25% (fuente CEOE). Con estos datos, por cada inversión de 100.000 euros se produce un retorno fiscal de 25.000 y un ahorro en prestaciones para 1,8 trabajadores de alrededor de 20.000, con lo que el ahorro público total generado es de 45.000 euros. Es decir, el 45% de la inversión total realizada. Por tanto, una aportación pública media del hasta el 40-50% de toda la inversión pública sería recuperada en su totalidad entre los retornos fiscales y el ahorro en prestaciones de desempleo o renta básica.
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