El Ayuntamiento de Almería ha cotejado con la documentación obrante en los archivos municipales los caminos rurales de La Cañada afectados por la oleada de robos al objeto de discernir cuáles son de titularidad pública y cuáles son propiedad privada. O dicho de otra manera, a cuáles el Consistorio puede facilitarles el servicio de alumbrado público y cuáles corren el riesgo de quedarse sin las reclamadas farolas.

Se trata de un primer ‘plano de alumbrado’ sobre el que ha trabajado la Concejalía de Agricultura en colaboración con el área de Urbanismo. Sujeto a posibles modificaciones, este primer esbozo acepta el alumbrado público en Paraje Gillén y Cintas, dejando fuera a las otras dos cortijadas, las de Llano de La Molina y Cortijo Córdoba, al ser consideradas por el Ayuntamiento propiedad privada.

Este mapa de caminos rurales y titulares ha sido presentado a los vecinos, en una reunión mantenida por los concejales de Urbanismo, Ana Martínez Labella, y de Agricultura, Juanjo Segura, y de larga duración, puesto que acabó a las nueve de la noche del pasado jueves sin que la tensión vecinal haya podido ser suavizada por el Consistorio, según las declaraciones de la presidenta de la plataforma vecinal, María del Mar Hernández.

“Somos cuatro zonas las que sufrimos los robos diarios y vamos a seguir unidos”, afirma la portavoz, quien traslada que la vecindad seguirá apostando por las medidas de presión, como la manifestación del pasado día 23, y peinando los caminos con la patrulla ciudadana creada.

“Nosotros queremos solucionar este problema, pero el Ayuntamiento, legalmente, no puede invertir dinero público en propiedades privadas”, explica la concejal de Urbanismo, quien ha solicitado a los vecinos que presenten, si disponen de ella, documentación con la que poder retirar su camino de esta categoría, por lo que las partes han concertado un segundo encuentro al objeto de actualizar este catastro llegado el caso.

Una cuestión que no les cuadra a los vecinos es que existen caminos que a priori no son públicos y, sin embargo, se encuentran asfaltados. “Que nosotros sepamos, el Ayuntamiento no ha sido el que ha asfaltado”, sostiene la edil, quien también ha comunicado la negativa municipal a considerar la dotación de alumbrado como una actuación de emergencia, como exigen los vecinos, al ser una infraestructura que escapa, apunta la responsable municipal, de esta consideración que permitiría al Ayuntamiento agilizar los plazos administrativos y adelantar la dotación de luz a los caminos.

Los vecinos comprenden que abordar ahora una modificación presupuestaria aportaría las inversiones ya en 2023, por lo que el alumbrado llegaría al mismo tiempo el anunciado plan de iluminación de caminos rurales en los presupuestos del próximo año, razón por la que mantienen las acciones de protesta, según han confirmado.