La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) lleva funcionando desde 2021, pero de haber existido en su momento, “probablemente se hubiera evitado el desarrollo final de El Algarrobico”. Al menos así lo cree su director, Ricardo Puyol, que en una entrevista con Diario de Almería cree que “en un proceso que va de poner una primera piedra a construir, ni más ni menos, que un gran hotel, se hubiera detectado la irregularidad con carácter previo”.

“No tengo una bola para decir qué hubiera sucedido. Lo que sí tengo claro es que esta oficina que promueve la prevención del fraude, de la corrupción, del conflicto de intereses y la competencia, es muy importante. Me han preguntado lo mismo en relación con los ERE. Yo tengo claro que en el caso de los ERE, que fue un supuesto de irregularidad que va de más a menos, como consecuencia de la ausencia de controles intermedios, la actuación de la OAAF no hubiera evitado el principio, pero sí hubiera cortado el desarrollo final de todas las corruptelas”, argumenta.

En el caso del hotel construido por Azata del Sol en este paraje de Carboneras, considera que se hubiera podido contar con los instrumentos para que “hubiesen saltado las voces de alarma”. “No hubiéramos esperado a la necesidad del reproche administrativo, incluso en la vía contenciosa. El recorrido jurisdiccional es mucho más largo”, abunda Puyol.

Desde su creación, la OAAF ha recibido un total de 321 denuncias: 150 referidas a entes locales (47 %), 104 relativas a la Junta de Andalucía (32 %), 54 sobre otros organismos (17 %) y 13 de universidades (13,4 %). Entre los denunciantes, 279 (87 %) no han solicitado protección, frente a los 42 (13 %) que sí lo han hecho.

Sin embargo, sólo siete de ellas han sido presentadas desde la provincia de Almería, apenas el 2,18 % del total. Cinco son anónimas y tres están dirigidas a ayuntamientos. En ellas se denuncia posibles conflictos de intereses por parte de los consistorios, en una de ellas por realización de obras irregulares por parte de un particular en el municipio, otra se refiere a la omisión de acciones de inspección y control de un establecimiento hostelero de una zona costera, y el último sobre la aprobación y autorización de una licencia.

Dos puertos de la provincia han recibido denuncia, una de ellas por cobros irregulares de un empleado a usuarios y otra por un posible conflicto de interés en la provisión de un puesto de trabajo especializado. También ha sido denunciada la Junta de Andalucía por irregularidades en una residencia de menores. La última de ellas no ha sido admitida al “carecer de fundamento”.

Para Puyol, esto se debe a que la OAAF todavía se encuentra en “proceso de implantación”. De hecho, este jueves el director mantuvo una reunión con la delegada del Gobierno de la Junta, Aránzazu Martín, la primera de una ronda por las ocho provincias andaluzas, precisamente para dar a conocer este organismo y su misión. “En un territorio como Andalucía no es nada fácil, porque es un territorio muy extenso, hay una administración periférica muy importante. Ahora mismo, en Almería, todavía no hay permeabilidad de la OAAF, no ha entrado bien el todavía en el conocimiento de todas las instituciones públicas, y esa es la tarea que voy a abordar a partir de ahora”.

Con todo, considera que entre los hechos denunciados en Almería no hay “nada extraordinariamente grave”, y destacan los asuntos relacionados con las licencias urbanísticas, “algo muy común en toda la zona de costa, ya que pasa igual en Málaga, en Granada o en Cádiz”.

Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF).

LA LABOR DE LA OFICINA

Desvela que su objetivo es que cuando acabe su mandato es que la OAAF esté “plenamente implantada en en las ocho provincias” andaluzas. “Probablemente produzca un resultado mucho más ágil que el de la propia jurisdicción, el de la propia Fiscalía, que también son absolutamente imprescindibles, pero que juegan con unos tiempos procesales que son más aquilatados, más distendidos”, resalta.

Antes de eso, pretende que se lleve a cabo una identificación plena de la situación de cada provincia o territorio. “Habrá que sectorizar el territorio y también los tipos de administración. Ha unas administraciones, las locales sobre todo, las instituciones más pequeñas, que tienen un control un poco más difuminado. Se cometen ciertas irregularidades que no son graves pero que sí pueden generar un caldo de cultivo idóneo para que se produzcan fraudes más importantes”, expone.

A pesar de lo expuesto, considera que en abril de este año se ha producido un “punto de inflexión” con la creación de la página web de la OAAF, que les ha permitido “dar un salto cualitativo en la entrada de asuntos”.

“Somos los que detectamos las irregularidades a través de un canal externo de denuncia, que es el que nos da entrada del conocimiento de asuntos. Ese canal reúne todos los requisitos que establece la legislación comunitaria (…) Lo que se hace es recepcionar información de presuntas irregularidades. Muchas de ellas provendrán generalmente de los propios funcionarios (…) Una vez detectamos la irregularidad, se pide un informe a la administración concernida que tiene la obligación de colaborar con la oficina y a partir de ahí, si constatamos que la irregularidad se ha producido, lo ponemos en conocimiento del responsable de la unidad de corrección disciplinaria o administrativa de esa administración pública”, revela.

La OAAF también tiene competencias para sancionar cuando se incumple esta obligación de información, y ha asumido las competencias de protección de la persona denunciante. “Tratamos de inocular los principios rectores de la ética pública, de la transparencia, del buen gobierno, de la cautela en la gestión de los fondos públicos, etcétera. Y como consecuencia del mecanismo de recuperación y resiliencia, a los conocidos como fondos ‘Next Generation’, la OAAF es también la responsable en la gestión de los planes de prevención del fraude que deben de acompañar a los proyectos”, apostilla.

Cuando se le pregunta por las razones para acudir a la OAAF antes que los juzgados o a la Fiscalía, Puyol lo tiene claro: “La oficina realiza una función previa a la jurisdiccional. El coste es absolutamente cero. No te tienes que identificar y tu denuncia va a ser protegida íntegramente, igual que tú como denunciante. Vamos a hacer un primer control de verosimilitud y tenemos capacidad para recopilar material inculpatorio si se ha cometido un delito. Y en el caso de que así sea, ese informe que dirijo al fiscal ya va trabajado, con una información que ha sido perfectamente determinada y contrastada por parte de una autoridad que, además en mi caso, tiene conocimientos en la materia por ser magistrado”, explica… Lo que no evita que aclare que existen “muchas irregularidades en el ámbito administrativo que no son delito y en las que, por lo tanto, ni la Fiscalía ni los jueces de lo penal tienen que intervenir”

“Los ERE ya terminaron y de momento no hemos detectado ninguna corruptela a gran nivel. Más que constitutivo de algún tipo de infracción penal, el urbanismo en Andalucía es un problema. Empezamos a notar a nivel de denuncias que supone algo sobre lo que llamar la atención a nivel de posibles denuncias en el ámbito local. Tenemos muchos kilómetros de costa y el urbanismo es un aspecto muy importante de la legislación administrativa en Andalucía”, concluye.