Los funcionarios denuncian a los delegados de la Junta

José Manuel Mateo, en calidad de presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta en la provincia, ya ha presentado una decena de denuncias a la Fiscalía contra las distintas delegaciones provinciales de la administración andaluza por la negativa de sus responsables a facilitarle datos e información sobre la abundante presencia de trabajadores externos, bien cedidos por entidades instrumentales o bien a través de contratos de asistencia técnica. El dirigente del colectivo entiende que esta situación supone un usurpamiento de las legítimas potestades de los funcionarios y se impide su promoción profesional y la posibilidad de que los ciudadanos andaluces puedan acceder al puesto de trabajo en igualdad de condiciones, mérito y capacidad. El sindicato ha solicitado a las delegaciones provinciales copia de los contratos y del listado de personal que cubre los puestos de los funcionarios y, ante la negativa de la Junta, se ha puesto la situación en conocimiento de la Fiscalía de Almería. El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA), que tiene unos 300 asociados en la provincia y más de 2.000 en toda Andalucía, entiende que "la garantía de que se trate a todos los ciudadanos por igual, con independencia de su color político, es que los atiendan funcionarios de carrera y no los enchufados de los distintos partidos", explica José Manuel Mateo.

Hoy entra en vigor precisamente el decreto de reordenación del sector público de la Junta, una medida que el SAFJA considera como "decretazo" y contra la que se ha movilizado y lo seguirá haciendo. Además de llevarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los funcionarios han solicitado ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz y se ha reunido con los distintos partidos políticos para frenarlo. El sindicato, que nació en 2003 para ser la voz de los funcionarios que no tenían respaldo de otros agentes, ha sido el pionero en la lucha contra la "externalización" de la administración pública y también en la petición de derogación del decretazo de la Junta de Andalucía.