Las radiografías reabren el debate sobre la radiación legal en Palomares (Almería)

La tierra sigue ahí. Sesenta años después del accidente nuclear de Palomares (Almería), los suelos continúan vallados, vigilados y sometidos a límites de radiación excepcionales. Y ahora, además, la batalla se ha trasladado de nuevo a los tribunales. Ecologistas en Acción acusa directamente al CIEMAT de “faltar a la verdad” para justificar la inacción del Estado y frenar la descontaminación definitiva.

La acusación no es menor. El abogado del colectivo ecologista, José Ignacio Domínguez, sostiene que las recientes declaraciones de la directora general del CIEMAT, Yolanda Benito, buscan debilitar la demanda que sigue viva en la Audiencia Nacional y evitar que se obligue al Gobierno a ejecutar la limpieza pendiente.

El epicentro vuelve a ser Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, donde en 1966 cayeron cuatro bombas nucleares estadounidenses y donde, seis décadas después, aún permanece enterrada tierra contaminada con plutonio.

Un plan “obsoleto” que nunca se ejecutó

El choque se produce a raíz de una afirmación clave del CIEMAT: el plan de limpieza aprobado en 2010 estaría “obsoleto” y España no tendría hoy un lugar donde almacenar los residuos si Estados Unidos no se los lleva. Para Ecologistas, esa tesis es insostenible.

Domínguez lo dice sin rodeos: admitir que un plan ha caducado sin haberse ejecutado equivale a reconocer una dejación de funciones. No solo ante los vecinos de Palomares, sino ante Europa.

La Comisión Europea exigió actuaciones ya en 2010. Quince años después, según el abogado, no se ha retirado ni un solo metro cúbico de tierra contaminada. “Si es verdad que no se ha hecho nada, España está quedando en evidencia”, advierte, apuntando incluso a posibles responsabilidades administrativas.

La vía judicial sigue abierta

El conflicto no es retórico. Ecologistas mantiene una demanda activa en la Audiencia Nacional para forzar la descontaminación y exigir que el Estado rinda cuentas sobre los avances técnicos realizados desde 2010.

Según el colectivo, la estrategia del CIEMAT pasa por presentar el plan como inservible para justificar ante el tribunal que no se puede ejecutar. Justo lo contrario de lo que piden los ecologistas: que se aporten informes actualizados y se demuestre qué se ha hecho —o qué no— en estos años.

El litigio, por tanto, no está cerrado. Y Palomares vuelve a situarse en el centro de un pulso jurídico que lleva décadas enquistado.

La solución técnica existe, según Ecologistas

Frente al argumento de que España no tiene repositorios autorizados para almacenar la tierra contaminada, Domínguez propone una solución inmediata: construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la propia zona de Palomares.

“No hay ningún misterio técnico”, sostiene. “Eso se soluciona haciendo un ATI y guardando ahí los residuos, exactamente igual que hacen todas las centrales nucleares”.

El abogado recuerda que en España no existe ningún almacén definitivo de residuos nucleares. Todos son temporales. Y, aun así, funcionan. Por tanto, no habría impedimento técnico ni legal para aplicar ese mismo modelo en Palomares.

El precedente del resto de España

El argumento es directo: si las centrales nucleares españolas gestionan sus residuos en almacenes temporales, ¿por qué Palomares no puede hacer lo mismo?

Desde Ecologistas se insiste en que el bloqueo no es técnico, sino político. Y que la falta de una solución definitiva no puede servir de excusa para perpetuar una situación excepcional durante décadas.

La tierra contaminada, recuerdan, ya está ahí. La diferencia es si permanece enterrada sin solución o si se gestiona de forma controlada y segura.

El Cabril como alternativa inmediata

Además del ATI en Palomares, Ecologistas plantea una segunda vía: autorizar el traslado de los suelos contaminados al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba.

Para ello bastaría, según Domínguez, con una Orden Ministerial específica. No sería necesaria una reforma estructural ni un cambio normativo complejo. Solo voluntad política.

El Cabril ya gestiona residuos radiactivos de baja y media actividad procedentes de toda España. Incluir los suelos de Palomares, sostiene el colectivo, sería coherente con el sistema actual.

El debate de las “200 radiografías”

La controversia no se limita al almacenamiento. También alcanza a los límites legales de radiación permitidos en la zona. Aquí, el choque entre CIEMAT y Ecologistas es frontal.

El organismo público sostiene que la dosis real que reciben los vecinos es mínima: 0,1 milisievert al año. Pero Domínguez pone el foco en otra cifra: los niveles máximos legales autorizados específicamente para Palomares.

Según explica, los índices de referencia aprobados por el Consejo de Seguridad Nuclear permiten hasta 20 milisievert al año. Una cifra que, traducida a términos comprensibles, equivale a 200 radiografías de tórax anuales.

Una legalidad excepcional

“En Palomares es legal que los habitantes reciban cuatro radiografías de tórax a la semana”, insiste el abogado. No porque eso ocurra realmente, sino porque la normativa lo permite.

Ese es, para Ecologistas, el verdadero escándalo: la existencia de un régimen radiológico excepcional que no se aplica en ningún otro punto del país.

La pregunta que lanza Domínguez es directa: si la zona es tan segura como sostienen las autoridades, ¿por qué no se reducen esos límites al estándar general?

El reto a las autoridades

El límite habitual para la población en cualquier otro lugar de España es de 1 milisievert al año. Ecologistas desafía al CIEMAT y al Gobierno a bajar los topes de Palomares a esa cifra.

Si no lo hacen, concluyen, es porque reconocen implícitamente que el riesgo existe. Y mientras tanto, los vecinos siguen viviendo bajo una normativa que asume un nivel de exposición muy superior al del resto del país.

Un conflicto que no se cierra

Palomares vuelve a demostrar que no es solo una herida ambiental, sino también institucional. Seis décadas después, la descontaminación sigue pendiente, los planes se declaran caducados sin ejecutarse y la responsabilidad se diluye entre administraciones.

Ecologistas en Acción ha decidido llevar el choque hasta el final. En los tribunales, en los medios y en el debate público. Porque, como recuerdan, la tierra sigue ahí. Y la historia, también.