Hacienda detecta irregularidades en el AVE Murcia-Almería en el informe del caso Koldo
La Intervención General del Estado detecta cambios y sobrecostes cercanos al 20% en varios contratos públicos de Adif y Carreteras analizados por la Fiscalía Anticorrupción
Entre 100 y 350 km/h: los desvíos ya fijan cómo circulará el AVE en Almería
Un tramo del AVE Murcia-Almería aparece en el informe que Hacienda ha enviado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo. Los técnicos del Estado analizan varias obras públicas y señalan cambios en el proyecto ferroviario entre Pulpí y Vera que elevaron el coste de la obra casi un 20%.
El documento procede de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el organismo que fiscaliza las cuentas públicas dentro del Ministerio de Hacienda. El informe revisa contratos adjudicados por Adif y por la Dirección General de Carreteras en los que detecta posibles irregularidades y modificaciones presupuestarias relevantes.
En total, el análisis examina 11 contratos públicos: cinco correspondientes a Adif y seis vinculados a proyectos de carreteras. La revisión se realiza a petición de la Fiscalía Anticorrupción dentro de la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional.
Entre esos proyectos figura la construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería, concretamente en el tramo comprendido entre Pulpí y Vera, una de las actuaciones ferroviarias incluidas en la conexión de alta velocidad del sureste.
La modificación del tramo Pulpí-Vera
Según explica el informe, una vez adjudicado el contrato el contratista presentó varias reservas durante la comprobación del replanteo de la obra. Estas observaciones obligaron a tramitar un proyecto modificado para poder continuar provisionalmente con los trabajos.
La modificación del contrato se aprobó el 31 de julio de 2022 y supuso un incremento de gasto de 24.155.223 euros, lo que representa un aumento del 19,93% respecto al importe de adjudicación inicial.
Ese porcentaje, muy cercano al límite del 20% permitido en determinadas modificaciones de contratos públicos, es uno de los elementos que analiza el organismo de control.
Los técnicos de Hacienda señalan además que detectan “cambios significativos” entre las cifras recogidas en el informe inicial del proyecto y el desglose posterior del presupuesto por capítulos.
Contratos con incrementos cercanos al 20%
El documento plantea que la proximidad entre distintos informes técnicos y las variaciones en las cifras económicas podría indicar que el importe final de la modificación se fijó previamente para quedar ligeramente por debajo del umbral del 20%, ajustando después el reparto del presupuesto entre partidas.
Además, el informe considera difícil justificar que la necesidad de modificar el contrato se deba a circunstancias imprevisibles surgidas después de la licitación. Según los técnicos, una parte importante de los cambios responde a defectos detectados durante el replanteo inicial de la obra.
La IGAE observa patrones similares en otros contratos analizados, especialmente en adjudicaciones relacionadas con obras ferroviarias. En varios casos las modificaciones posteriores elevan el coste final de las obras hasta porcentajes cercanos al límite del 20%.
El organismo de control también señala que en algunos procesos de licitación los criterios basados en juicios de valor tuvieron un peso decisivo en la adjudicación frente a los criterios objetivos como el precio.
El informe forma parte de la documentación remitida al juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados al denominado caso Koldo, en el que están siendo investigados antiguos responsables de organismos relacionados con infraestructuras.
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