Palomares, el laboratorio humano del plutonio de Estados Unidos en Almería

El Proyecto Indalo nunca fue un programa sanitario ni un plan de protección a la población de Palomares. Fue un dispositivo científico y político diseñado para gestionar las consecuencias del accidente nuclear de 1966, hace justo 60 años ahora, sin asumir su verdadero alcance. Bajo la apariencia de controles médicos y vigilancia ambiental, Estados Unidos y las autoridades españolas pusieron en marcha un sistema que falseó datos, elevó artificialmente los niveles aceptables de plutonio y convirtió a los vecinos en sujetos de experimentación durante más de cuatro décadas.

El contexto explica su origen. En enero de 1966, Palomares ofrecía a la comunidad nuclear internacional un escenario único: una población numerosa contaminada casi exclusivamente con plutonio, sin la interferencia de otros radionúclidos propios de una detonación completa. Desde el punto de vista científico, se trataba de un “caso limpio” excepcional.

Ese escenario despertó un interés inmediato en el aparato científico-militar estadounidense. El hombre clave fue Wright Haskell Langham, investigador del Laboratorio Nacional de Los Álamos y responsable de la división de Investigación Biomédica, con experiencia previa en programas de experimentación humana como la Operación Sunshine.

Langham llegó a Palomares con el pretexto de evaluar el accidente. En realidad, identificó rápidamente una oportunidad irrepetible para estudiar la inhalación de óxido de plutonio en humanos a gran escala, algo imposible de reproducir en laboratorio.

Tras elaborar el mapa radiológico definitivo, regresó acompañado de John Hall, alto cargo de la Atomic Energy Commission, con una propuesta concreta: un convenio de investigación a largo plazo entre Estados Unidos y la Junta de Energía Nuclear española. Así nació el Proyecto Indalo, sin debate público ni control externo.

La propuesta incluía equipamiento avanzado, asesoramiento técnico y financiación, pero sin cuantías, plazos ni garantías éticas. España aceptó de inmediato, sin introducir salvaguardas ni límites claros al uso de los datos obtenidos sobre la población.

Umbrales distintos según el país

El primer gran engaño fue normativo. Mientras en Estados Unidos el nivel máximo aceptable de plutonio en suelo era de 0,13 microgramos por metro cuadrado, en Palomares se elevó primero a 460 y después hasta 1.000 microgramos, según criterios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado.

La consecuencia fue determinante: lo que en territorio estadounidense obligaba a evacuar y limpiar, en Palomares se consideró “razonable” y “aceptable”. En términos comparativos, se permitió en Almería hasta 3.554 veces más plutonio que en suelo norteamericano.

Este aumento artificial de los umbrales no respondió a avances científicos, sino a una estrategia política destinada a reducir costes, evitar evacuaciones masivas y sostener un relato de normalización del accidente.

Limpieza parcial, contaminación intacta

El engaño continuó con la llamada “limpieza”. La medida más eficaz —retirar los primeros cinco o diez centímetros del suelo— solo se aplicó de forma testimonial. Amplias zonas altamente contaminadas fueron simplemente cubiertas con tierra o enterradas en fosas ocultas.

Mientras se publicitaba una retirada modélica de residuos hacia Estados Unidos, en Almería permaneció la mayor parte de los aproximadamente nueve kilos de plutonio dispersados, una cantidad extraordinaria desde el punto de vista radiológico.

Vecinos como sujetos de estudio

En paralelo se activó la experimentación humana. Los vecinos comenzaron a someterse a análisis médicos sin conocer su verdadera finalidad. Nunca se les informó de que formaban parte de un estudio científico internacional sobre la absorción de plutonio.

En junio de 1966 se seleccionó a 69 vecinos con mayor probabilidad de haber inhalado aerosoles el día del accidente. Durante tres meses se recogieron muestras de orina en Palomares. El resultado fue contundente: el 99 % dio positivo, algunos con niveles elevados.

La reacción fue inmediata. Los resultados se invalidaron alegando una supuesta contaminación de las botellas durante la micción, una hipótesis sin respaldo empírico. Sin embargo, esos mismos positivos sí se incorporaron a las fichas radiométricas individuales.

Once meses después, en junio de 1967, los análisis se repitieron en Madrid. Los positivos descendieron al 29 %. El intervalo no fue casual: desde los años cincuenta se sabía que la excreción urinaria de plutonio podía reducirse hasta un 90 % en once meses. El método se repitió: esperar, repetir, minimizar.

Durante ese tiempo, los vecinos viajaban con gastos pagados y dietas generosas. El objetivo era asegurar la participación y eliminar resistencias, mientras el secretismo era absoluto y la información no fluía.

Muchos habitantes solo conocieron la magnitud real del problema a través de medios extranjeros como la BBC. En Vera llegó a instalarse incluso un equipo móvil de interferencias radiofónicas para bloquear emisiones de onda corta.

El acceso a los historiales clínicos fue otra forma de ocultación. Durante veinte años, los vecinos no pudieron conocer sus propios resultados. Solo en 1986, tras movilizaciones y la amenaza de abandonar el programa, se entregó parte de los expedientes, cuando el CIEMAT temió el colapso del proyecto.

Ni siquiera la democracia alteró sustancialmente esta dinámica. Ocho años después del fin del franquismo, el derecho básico a la información sanitaria seguía negándose.

El Proyecto Indalo se prolongó durante 43 años, hasta 2009. En ese tiempo se realizaron 13.753 determinaciones en productos agrícolas y 5.004 análisis de plutonio en orina a 1.073 personas. Un total de 140, el 13,04 %, presentó resultados positivos.

Todo ello sin consentimiento informado real, sin transparencia y con criterios de seguridad radicalmente distintos a los aplicados en Estados Unidos. Lejos de ser un programa sanitario, Indalo fue un instrumento de control del daño político que sustituyó a la limpieza integral del territorio.

Palomares no fue solo un accidente nuclear mal gestionado. Fue el escenario del mayor experimento humano con plutonio de la historia de España, sostenido durante décadas con la colaboración activa del Estado. Sesenta años después, el Proyecto Indalo sigue siendo una herida abierta, no solo por lo que midió, sino por todo lo que ocultó.