¿Son seguras las presas de Almería en caso de fallo? Nuevo mapa de riesgo y revisiones obligatorias

El aumento previsto de lluvias torrenciales y la reducción progresiva de aportaciones hídricas sitúan a las presas de Almería ante una década decisiva de adaptación. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha activado un plan nacional de seguridad hasta 2033 que obliga a todas las infraestructuras a adecuarse a las Normas Técnicas de Seguridad aprobadas en 2021.

"La AEMET, en línea con el IPCC y los estudios del CEDEX, advierte de que España —especialmente el arco mediterráneo, donde se encuentra Almería— será una de las zonas más afectadas por el cambio climático, con una posible reducción de hasta el 20 % de las precipitaciones en 30 años, cambios en su distribución y un aumento significativo de lluvias torrenciales. Por ello, el documento subraya que adaptar las presas a este nuevo escenario será clave para garantizar infraestructuras más resilientes."

A partir de ahora, todas las presas —sean estatales o de concesionarios— deben acreditar que cumplen los requisitos estructurales, hidráulicos y documentales establecidos por el nuevo marco regulador.

En el caso de Almería, el contexto climático pesa especialmente. Los estudios utilizados por el propio plan estratégico sitúan al arco mediterráneo entre las zonas más expuestas a la combinación de menor disponibilidad media de agua y mayor intensidad de episodios extremos. En una provincia estructuralmente seca, donde el agua

Clasificación por riesgo y nivel de exigencia

Las presas no se tratan todas igual. La normativa las clasifica en categorías A, B y C en función del impacto potencial que tendría su rotura o funcionamiento incorrecto. No mide la probabilidad de fallo, sino las consecuencias en caso de que ocurriera.

En la provincia existen infraestructuras en las tres categorías. Las de categoría A —entre ellas la presa de Cuevas del Almanzora y La Redonda (Balsa 2)— son aquellas cuyo fallo podría afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales. En estas, la exigencia es máxima: informes anuales de comportamiento, revisiones generales cada cinco años y planes de emergencia plenamente implantados y coordinados con Protección Civil.

Las presas de categoría B, como Celín, Fiñana o varias del sistema Negratín-Almanzora, presentan un impacto potencial importante. Deben someterse a revisiones generales cada diez años y mantener planes de emergencia obligatorios.

Las de categoría C —mayoritarias en balsas de regulación asociadas al regadío— deben realizar revisiones cada quince años y mantener controles técnicos periódicos. La diferencia no está en la obligación, sino en la intensidad del seguimiento administrativo.

Qué se revisa exactamente

Las revisiones generales de seguridad incluyen el análisis estructural del cuerpo de presa, la estabilidad geotécnica, el funcionamiento de los desagües de fondo y aliviaderos, la capacidad de evacuación frente a avenidas extremas y la actualización de las normas de explotación.

En el contexto actual, cobra especial relevancia la capacidad hidráulica. El aumento previsto de lluvias intensas obliga a comprobar que las compuertas, los sistemas de evacuación y los elementos de disipación de energía pueden responder ante caudales extremos.

Además, las presas de categorías A y B deben tener implantados Planes de Emergencia que incluyan protocolos de aviso, sistemas de comunicación y coordinación con autoridades locales y autonómicas. No basta con redactarlos: deben estar operativos y actualizados.

Adaptación climática y sedimentos

El plan estatal introduce de forma explícita la adaptación al cambio climático como eje prioritario. En Almería, esto implica prepararse para una doble presión: menor disponibilidad de recursos en periodos prolongados y episodios de lluvia más intensos y concentrados.

A esa ecuación se suma el problema de la sedimentación. En cuencas mediterráneas, las lluvias torrenciales arrastran materiales que acaban acumulándose en los embalses. Esa acumulación reduce la capacidad útil de almacenamiento y puede afectar tanto al abastecimiento como a la capacidad de laminación frente a avenidas.

Por ello, el programa prevé reforzar las batimetrías periódicas y el seguimiento del aterramiento. Mantener el volumen operativo es clave en un territorio donde cada hectómetro cúbico regulado tiene impacto directo sobre la agricultura y el suministro.

regulada sostiene el regadío y parte del abastecimiento, la fiabilidad de los embalses se convierte en un elemento central de seguridad territorial.

Niveles bajos, pero presión hidráulica creciente

La situación actual de los embalses almerienses no refleja un escenario de exceso de agua. A fecha 2 de marzo de 2026, el conjunto provincial almacena 27,68 hectómetros cúbicos sobre una capacidad total de 220,77, lo que equivale al 12,54 %. Benínar se sitúa en el 31,29 % y Cuevas del Almanzora apenas supera el 5 %. Es decir, el sistema no está tensionado por grandes reservas.

Sin embargo, el plan estatal no se activa por el volumen embalsado hoy, sino por la necesidad de garantizar que las infraestructuras puedan responder ante lluvias torrenciales futuras. En cuencas mediterráneas cortas y de fuerte pendiente, una DANA puede concentrar en pocas horas caudales muy superiores a la media anual. El riesgo hidráulico no depende únicamente del nivel almacenado, sino de la capacidad de evacuación. Por eso el foco está en los desagües, los aliviaderos y la estabilidad estructural ante avenidas extremas.

Un cambio de modelo en la gestión hidráulica

España prevé invertir más de 4.600 millones de euros hasta 2033 para reforzar la seguridad de sus presas. El enfoque ya no es expandir el parque hidráulico, sino consolidar la seguridad de lo existente.

En Almería, donde la media de edad de las presas ronda los 42 años —por debajo de la nacional— el reto no es tanto el envejecimiento estructural como la adaptación a un escenario climático más variable y extremo.

La próxima década no estará marcada por nuevas grandes obras, sino por revisiones periódicas, actualización documental y refuerzo técnico ante un territorio que combina escasez estructural de agua con episodios de alta intensidad.

La seguridad de las presas deja de ser solo una cuestión constructiva y pasa a integrarse en la estrategia de adaptación climática de la provincia.