Yolanda Díaz (Fene, La Coruña, 1971) es ministra de Trabajo desde enero de 2021 y vicepresidenta del Gobierno desde que, en marzo, Pablo Iglesias abandonó la política. Díaz, de profesión abogada laboralista, aborda en esta entrevista, entre otros temas, la reciente subida del SMI y la negociación presupuestaria dentro del Ejecutivo.

-En torno a un millón y medio de personas que cobran el salario mínimo están recibiendo estos días su primer sueldo con el aumento de 15 euros. ¿Le parece suficiente?

-Lo que ha hecho el Gobierno es muy relevante, porque no sólo no estamos bajando los salarios, como hizo en la anterior crisis el PP, sino que los estamos subiendo un 1,7%, es decir, por encima de lo pactado en la negociación colectiva ordinaria. En diciembre volveremos a subir el salario mínimo y vamos a terminar el mandato cumpliendo con el objetivo de que alcance el 60% del salario medio. Hablar de salario mínimo es hablar de jóvenes y de las profesiones más precarizadas.

-¿Cree que habrá empresas que cerrarán por la subida que se ha aprobado?

-No, ninguna. Hay 16 millones y medio de trabajadores asalariados en nuestro país que están sujetos a convenio colectivo y sólo un millón y medio que no, es decir, que estamos hablando de quien más lo necesita, de jóvenes, de mujeres: en definitiva, de precariedad. Los agoreros que hoy se oponen a subir el salario mínimo nunca lo han cobrado, no saben de qué están hablando o no quieren saberlo.

-Los sindicatos piden llegar a los 1.000 euros en enero. ¿El salario mínimo llegará a esa cifra?

-No puedo anticipar la negociación, pero lo cierto es que el informe de los expertos establece en su senda media [un salario mínimo de] en torno a los mil euros para 2022. La vocación del Ministerio de Trabajo es salir de esta crisis mejorando las rentas salariales, y la subida del salario mínimo a 950 euros ya ha servido para cosas muy importantes: se ha reducido la brecha de género en dos puntos y se ha beneficiado a los deciles más bajos a nivel salarial, que son sobre todo jóvenes y mujeres.

-¿Por qué una parte del Gobierno, incluida la vicepresidenta Calviño, se oponía a la subida de este año?

-Es conocido que hay varias almas en este Gobierno, pero yo represento a Unidas Podemos, y la primera medida que tomé en cuanto llegué al ministerio fue subir el salario mínimo a 950 euros. Todos los países europeos, excepto dos, han subido el salario mínimo en enero de este año, y tenían una crisis igual que nosotros. Y yo llevo defendiendo desde diciembre del año pasado que justamente cuando hay crisis es cuando más lo necesita la gente.

-La inflación es del 4% y la subida del salario mínimo, del 1,7%. ¿Cómo puede permitir un Gobierno progresista que estos trabajadores pierdan poder adquisitivo?

-Debemos hacer pedagogía: no vinculemos el salario mínimo al IPC...

-Las pensiones, por ejemplo, lo están.

-Pero no es lo mismo. Yo el año pasado subí 50 euros el salario mínimo, muchísimo más que el IPC, y lo voy a subir siguiendo la senda de los expertos, muchísimo más que el IPC. Sé que hay un problema de pérdida de poder adquisitivo, claro que sí, pero el Gobierno, con los sindicatos, ha subido el salario mínimo más de lo que están subiendo los sueldos en la negociación ordinaria, que están creciendo un 1,5%.

-¿Es seguro que el nuevo aumento del salario mínimo se producirá en enero de 2022?

-Creo que todo lo que digo se cumple, se tardará más o menos, pero se cumple. Esa teoría del goteo, de que concentrando la riqueza en los de arriba va goteando hacia los de abajo, es una falacia. Sé que hay gente en el Gobierno que piensa eso, pero desde luego los hechos empíricos demuestran lo contrario.

-¿Son mayoría quienes piensan así en el Gobierno?

-Hay distintas interpretaciones en la ciencia económica, pero es evidente que la Comisión Europea ha tomado una salida diferente a la crisis porque la gestión de la crisis anterior fue un error.

-El jueves venció el plazo constitucional para presentar los Presupuestos al Congreso. Aunque ya vaya con retraso, ¿avanza esa negociación?

-Va a haber Presupuestos, quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Pero es verdad que tenemos diferencias. Para nosotros, la vivienda es uno de los principales problemas, es misión imposible pagar el alquiler. Y es muy importante hablar de impuestos: nadie comprende que una pequeña tienda de barrio o un pequeño autónomo paguen más impuestos que una gran empresa. Justamente los que más tienen, más tienen que aportar para que les podamos bajar los impuestos a los que menos tienen. No nos van a juzgar por los indultos, nos van a juzgar por el cambio social que propiciemos, y hay un riesgo cierto de salir de esta crisis más desiguales.

-¿Va a aceptar el PSOE su propuesta de un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades?

-Estoy negociando y he de ser prudente. Pero estamos poniendo en marcha un montón de medidas para proteger a la gente que tienen un enorme coste, necesitamos ingresos públicos, y los ingresos públicos tienen que venir de los que hoy no pagan impuestos o no pagan lo que deberían. España tiene un impuesto de sociedades similar al europeo, pero está plagado de deducciones y bonificaciones fiscales que permiten que una gran empresa tribute al 3% o al 1% cuando un trabajador o una empresa pequeña paga muchos más impuestos.

-Pero mientras su socio dice públicamente que se abre a la propuesta, Unidas Podemos afirma que no hay entendimiento. ¿Cuál es la verdad?

-Creo que me conocen. Si hubiera acuerdo, el acuerdo se haría público. Ya está, hablo con hechos.

-Los socialistas argumentan que la ley de vivienda debe negociarse independientemente de los Presupuestos. ¿Ustedes se conformarían únicamente con un compromiso de que se va a regular el alquiler?

-En el derecho decimos que donde hay papeles, las barbas se callan. Yo he firmado un documento y se tiene que cumplir, y me tomo las negociaciones muy en serio. Es evidente que el PSOE no quiere aprobar medidas que supongan, de facto, la bajada del precio del arrendamiento. Pero esto ya nos ha pasado con la electricidad, y nosotros estamos aquí para defender el interés general de la gente.

-¿Y por qué confía en que lo que no se ha podido desbloquear en un año se pueda desbloquear en una semana?

-A mí me ha costado nueve meses subir el salario mínimo. Esta cuestión la tiene que resolver la otra parte del Gobierno. Nosotros, desde que Pablo Iglesias desbloqueó la negociación presupuestaria hace un año [firmando el acuerdo para una ley de vivienda], estamos dispuestos. Pero el acuerdo dice lo que dice.

-En la reforma que se está negociando, ¿Unidas Podemos aceptaría alargar la edad real de jubilación de los boomers o una pequeña bajada en su pensión para sostener el sistema?

-Soy clara: no. Y el Gobierno no está trabajando en eso. Trabajar hasta los 67 años en los sectores productivos que definen a la economía española es hacerlo en condiciones muy duras.

-¿Usted se ve con 75 años trabajando?

-No, yo no. Una sociedad moderna tiene que reducir la edad de trabajo, no retrasar la edad de jubilación, y permitir que existan recambios sociales. Tenemos un mercado de trabajo en España y en Europa profundamente masculinizado y envejecido, la economía española necesita savia nueva y, además, yo quiero una sociedad en la que la gente pueda vivir.

-¿En qué punto se encuentra la negociación para derogar la reforma laboral?

-Está muy avanzada. Lo que más nos ocupa ahora mismo es cómo abordamos la reducción de la temporalidad. Es lo más delicado, pero [la nueva ley] tiene que estar publicada antes del 31 de diciembre en el BOE, y va a estar.

-La patronal se ha mostrado reacia a sus propuestas para reducir la temporalidad.

-Todos, la patronal, los sindicatos y nosotros, coincidimos en el diagnóstico, y el diagnóstico es que tenemos a la mitad de la población asalariada en situación de precariedad y que tenemos unos datos de temporalidad que son insoportables. Tenemos una economía que sostiene parte de los beneficios sobre la precariedad y cuando actúas sobre lo concreto, ha llegado la hora de la verdad. Es verdad que es complejo, porque una parte de la economía productiva de España está basada en factores estacionales, y eso es muy difícil de abordar. Pero es que, desde el año 2012, en el SEPE han entrado 165 millones de contratos, y no hay un país en el mundo que gestione eso. Esto no se produce por una maldición divina, sino por un marco normativo que lo permite y unas prácticas empresariales que lo permiten.