Sanidad abre una investigación para esclarecer lo ocurrido en el hospital de Torrejón

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes.

Fuentes del Ministerio han confirmado la decisión del Ministerio, que se une a la exigencia que ha hecho a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue por su parte lo sucedido y amplíe las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada.

Esta mañana, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha emplazado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a abrir una investigación "exhaustiva" sobre el caso del hospital de Torrejón y ampliarla al resto de centros públicos de gestión privada.

"El Gobierno de España y este Ministerio no pueden permanecer ajenos ante hechos que, de ser verificados, comprometerían gravemente la garantía de equidad, calidad y universalidad que debe presidir toda asistencia sanitaria", subraya García en una carta que ha remitido a la presidenta madrileña.

La ministra le traslada su "máxima preocupación institucional" por las presuntas directrices dadas por la dirección del Grupo Ribera Salud para incrementar deliberadamente las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapadas por el diario El País.

Hechos que, de confirmarse, "constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid", advierte.

Por ello, considera "imprescindible" que la Comunidad de Madrid esclarezca "con urgencia" si las órdenes que presuntamente dio el Consejero Delegado de Ribera Salud, titular de la concesión por la que gestiona el hospital público de Torrejón, han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales con el Sermas.

De confirmarse esas vulneraciones "contractuales, asistenciales o éticas", la Comunidad de Madrid "está obligada a activar los mecanismos previstos en la ley", incluyendo el inicio del procedimiento para extinguir la concesión.

Pero Mónica García da un paso mas e insta a Ayuso a "verificar si estas prácticas son aisladas o, por el contrario, forman parte de dinámicas más amplias" en el conjunto de centros públicos de gestión privada.

"Ello es especialmente relevante dado que, en los últimos años, distintos centros gestionados por otros operadores -como el grupo Quirón Salud- han sido objeto de diversas controversias relacionadas con su modelo de funcionamiento", lo que aconseja "reforzar los mecanismos de supervisión y control en todos los hospitales sometidos a este régimen concesional", subraya.

Por todo ello, encomienda a la presidenta madrileña a proceder a la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos revelados en el Hospital Universitario de Torrejón y, en función de sus resultados, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro".

A partir de ahí, exige la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".

Mónica García quiere que Ayuso la informe además de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público.

"La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones", zanja.