Según el Ministerio para la Transición Ecológica la pobreza energética se define como la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía. Y es precisamente este último aspecto un factor cada vez más preocupante en el país, ya que en España la solución más efectiva en este momento para poner coto a este problema es la rehabilitación de viviendas.

Aproximadamente dos millones de hogares en España son víctima de la pobreza energética y para acabar con este mal endémico, el Gobierno tendría que invertir más de 13.000 millones de euros en la rehabilitación de su parque edificado, según la estimación elaborada por Green Building Council España (GBCe) coincidiendo con el Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética celebrado el pasado 17 de febrero. Esto equivaldría a dedicar una quinta parte de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en poner fin a esta lacra.

La complejidad para abordar esta situación es alta, ya que no todos los parámetros para hacerle frente valen, sino que es necesario hacer un estudio de detalle del gasto energético de los consumidores según la zona climática en la que habiten. Es más, aquí en Almería es paradigma por problemática. En su caso, las diferencias climáticas entre municipios pueden llegar a ser el del 100% según su nivel sobre el mar.

A día de hoy, las regiones españolas más afectadas por la pobreza energética son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, tal y como se desprende de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESSE), en su última actualización de 2020.

Este fenómeno estructural afecta a más de un 30% de los hogares en estas comunidades autónomas, frente al 25% de media que sufren pobreza energética o monetaria a nivel nacional. En el lado opuesto se sitúan Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco, donde la incidencia de hogares afectados por la pobreza energética o monetaria oscila entre el 12% y el 20%.

Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe), apuntas a que tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto #BuildingLife, “la rehabilitación es la solución más efectiva y estructural a largo plazo”.

De ese 25% de hogares en pobreza energética o monetaria que tiene España de media, el 62% de los casos se dan en zonas urbanas y más del 60% aparecen en viviendas colectivas. Esto implica que la toma de decisiones sobre la realización de obras es más habitual como un proceso colectivo, en el que deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble, con sus propias circunstancias económicas.

Según explica Dolores Huerta, esto hace que la rehabilitación sea más compleja en España, lo que condiciona la solicitud y concesión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas, o la de los préstamos, pues estas comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia.

La dirigente de GBCe resalta que la estrategia rehabilitadora “permitirá a los edificios existentes aportar la habitabilidad socialmente necesaria en términos de confort, salud y accesibilidad”. Para lograr este objetivo, Huerta defiende la importancia de lograr un esfuerzo conjunto de todos los agentes involucrados y, especialmente, de los administradores de fincas: “Son fundamentales porque pueden hacer de nexo entre el sector y los pequeños propietarios, que representan un gran número de ciudadanos”, ha explicado. La directora general de GBCe ha matizado que esto no es suficiente en el caso de hogares que sufren mayor vulnerabilidad, que “deben ser especialmente apoyados por los poderes públicos para asegurar una transición justa y reducir la pobreza energética”.

En este momento, Almería tiene un total de 41.058 calificadas como pobres energéticamente, y con un consumo medio de 642,8 kWh por vivienda y año. En el otro extremo, la provincia suma 4.430 viviendas que estaban en situación de pobreza y ya están rehabilitadas, las cuales han conseguido un ahorro medio del 13,2%.