La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico de modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo–Segura, junto con el incremento de los caudales ecológicos previsto en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, ha provocado una gran preocupación entre los agricultores y otros usuarios del agua del trasvase, que les llevó a una gran movilización en Madrid. Ante esta situación, los presidentes de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra; de Alicante, Juan Riera; de Murcia, Miguel López; Cartagena, Miguel Agustín Martínez; Orihuela, Mario Martínez y de Lorca, Juan Francisco Gómez, acordaron a principios de mayo realizar un documento conjunto y un estudio de impacto económico y laboral para hacer llegar a Europa la preocupación de las regiones afectadas por este problema y pedir su arbitraje, haciendo valer la fuerza de los empresarios especialmente en los sectores agrícola, industrial y turístico. El documento “El trasvase Tajo-Segura, una infraestructura necesaria”, elaborado y coordinado por el Gabinete de Estudios de Cámara Alicante, está listo y en él se expone que el agua del Tajo es vital para el desarrollo de sectores clave para la economía de las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

El texto recoge que la sustitución del caudal del trasvase por agua desalada, que ya se utiliza como complementaria, no puede ser una alternativa total ya que no solo tendrá consecuencias económicas y sociales derivadas del aumento del coste del agua del 20%, que en años de sequía podría alcanzar hasta el 130%, sino también medioambientales (aumento de la huella de carbono, sobreexplotación de acuíferos, pérdida de biodiversidad, riesgo de desertificación...).

Partiendo de la regla básica del trasvase, que no es otra que el agua que se trasvasa es solo la excedentaria de la cuenca de origen, es decir, la que no es necesaria para cubrir las demandas del Tajo, el informe señala que en la práctica, las cantidades efectivamente trasvasadas han sido significativamente inferiores al límite máximo de los 600 hm³, indicando que solo se ha llegado a este nivel en una ocasión (año 2000/01).

El informe puntualiza que Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura han recibido más de 418 millones de euros en compensación por el agua del trasvase entre 1986 y 2017, lo que supone más de un 20% de todos los ingresos que se producen en todas las confederaciones hidrográficas de España por todos los cánones y tarifas vigentes, y ello a pesar de que el agua del trasvase no llega al 3% del total de agua consumida en España para riego.

El principal uso del agua procedente del trasvase es la agricultura de regadío. El sector agrícola es crucial en la zona del trasvase, ya que su contribución al VAB (valor agregado bruto) y el empleo total en las provincias afectadas es superior a la media nacional (VAB: 5,2% frente al 2,8% nacional y respecto al empleo: 10,2% frente al 4% nacional). Además, el texto describe que la rentabilidad agrícola por m3 del agua del trasvase se sitúa entre 0,60 y 1 euro/m3, pudiendo llegar en los invernaderos hasta los 3 euros/m3, unas cifras muy superiores a la rentabilidad de los cereales de regadío que se cultivan en el interior de España que se sitúan entre los 0,12 y 0,18 euros/m3 .

El documento recoge el desequilibrio entre oferta y demanda bruta de agua anual, que en la zona del trasvase es significativamente superior a las asignaciones autorizadas, que son asignaciones máximas y que en la práctica se han situado muy por debajo de estos niveles (149,9 hm3/año de media en los últimos seis años, una cantidad muy inferior a los 400 hm3/año asignados).

En cuanto a la perspectiva medioambiental, entre otros aspectos, el texto de las Cámaras del Sureste español incide en que los aportes del trasvase Tajo-Segura para este fin son de difícil sustitución, puesto que los únicos recursos potencialmente disponibles para cubrir dichas necesidades tendrían que venir de la mayor sobreexplotación de los acuíferos o del incremento masivo de agua desalinizada, con mayores costes energéticos y, por tanto, ambientales. Además, explica que la reducción de los caudales previstos aumenta el riesgo de desertificación y de salinización de suelos en su área de influencia. El informe defiende la sostenibilidad del regadío contra la desertificación y desvela su importancia como sumidero de carbono, que disminuye conforme se incrementa la utilización de agua desalinizada.

Como conclusión, la solución a la disponibilidad de recursos hídricos de las provincias de Alicante, Murcia y Almería debe basarse en la combinación de estrategias: desalación, reutilización de aguas residuales y aportes exógenos en forma de trasvases.