Almería, una de las tres provincias andaluzas en la que cae la inversión en obras públicas: -7% hasta los 403,5 millones

La inversión en obra pública en Andalucía alcanzó en 2025 los 4.514,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto al ejercicio anterior y el volumen más alto registrado desde 2009, según el balance anual de adjudicaciones realizado por CEACOP, la patronal andaluza del sector.

La cifra económica supera la media anual de 4.300 millones que se registró entre 2006 y 2009, uno de los periodos de mayor actividad de la obra pública en la comunidad autónoma. No obstante, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, la partida actual todavía se encuentra en torno a un 40% por debajo de los niveles reales de aquellos años. En conjunto, la inversión media en el último lustro se sitúa en unos 3.800 millones de euros anuales, también lejos de los volúmenes previos a la crisis financiera.

El análisis territorial de las adjudicaciones muestra importantes diferencias entre provincias. Málaga encabeza claramente el ranking de inversión en obra pública en 2025 con 1.347 millones de euros (casi el 30% del total), un volumen que está muy por encima del resto y que contrasta con las bajas cifras que obtuvo en 2024, con apenas 400 millones. El fuerte repunte está impulsado principalmente por la construcción de un nuevo hospital por parte de la Junta, además de la elevada actividad inversora del Gobierno central y de los ayuntamientos de la provincia.

A considerable distancia se sitúa Sevilla, con 783 millones de euros, donde destacan tanto las actuaciones del Estado —especialmente en infraestructuras de transporte— como la fuerte inversión municipal. El podio lo completa Granada con 545 millones, seguida por Almería y Huelva con 403,5 y 395,5 millones, respectivamente. En los tres últimos puestos aparecen Cádiz (372,7 millones); Córdoba (336,8 millones); y Jaén, que ocupa el final de la tabla con 201 millones.

De esta manera, la provincia almeriense es una de las tres que sufre una rebaja de la inversión, en su caso del 7% hasta los 403,5 millones de euros, lejos, no obstante, de los recortes en Sevilla (41%) y Jaén (28%). Su retroceso procede tanto del Gobierno como de la Junta de Andalucía. En el primer caso, el esfuerzo inversor cae un 38% al pasar de 241 a 150,4 millones; en el segundo lo hace un 23% al quedarse en 60,7 millones. En el otro lado de la balanza, los ayuntamientos disparan su gasto un 104% hasta 148,6 millones, mientras que la Diputación lo mantiene estable en 37 millones y las universidades mejoran hasta 2,4 millones.

Si se analiza la inversión por habitante, la media en Andalucía alcanza los 520 euros, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2024. Málaga y Huelva ofrecen los guarismos más elevados, con 752 y 734 euros, seguidas por Granada (576 euros) y Almería (524 euros). Ya por debajo de la media se encuentran las cuatro restantes: Córdoba (436 euros); Sevilla (396 euros); Jaén (325 euros); y Cádiz, con 295 euros.

De esta manera, la provincia almeriense presenta una inversión per capita prácticamente idéntica a la media regional tras el retroceso experimentado con respecto a 2024, cuando contabilizó 562 euros.

Inversión por administraciones

En el conjunto de Andalucía, el Estado vuelve a situarse como el principal inversor con 1.523,7 millones de euros adjudicados en 2025, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al año anterior.

En segundo lugar, aparecen los ayuntamientos, que registran la mayor subida porcentual tras alcanzar los 1.382,4 millones de euros, casi un 50% más que en 2024. Por su parte, la Junta de Andalucía adjudicó 1.375,2 millones de euros, lo que se traduce en un repunte interanual del 20,8%. El ranking se completa con las diputaciones provinciales (169 millones) y las universidades, con 22,6 millones. En ambos casos, registran caídas en comparación al año anterior, con descensos del 3% y 42%, respectivamente.

En cuanto a la participación de las empresas andaluzas, el balance vuelve a ser negativo pues solo acaparan el 48% del montante total, es decir, 2 puntos porcentuales menos que en el ejercicio previo y la cifra más baja desde 2014.

Según CEACOP, “es inconcebible que, por primera vez en la última década, ni siquiera se haya logrado superar el umbral del 50%, cuando las compañías andaluzas del sector vienen demostrando desde hace años su alto potencial tanto dentro como fuera de España. Nuestro objetivo es llegar al 65%, un porcentaje que no solo es acorde a su capacidad, sino que es necesario para consolidar el tejido empresarial regional vinculado a la obra pública”.

Decepción con el Estado

La participación varía de forma notable según la administración contratante. Así, mientras que en el ámbito local las firmas andaluzas tienen un papel predominante - logran el 72% de las adjudicaciones de los ayuntamientos y el 82% en las diputaciones-, su peso disminuye en otras administraciones, situándose en el 43,4% en la Junta de Andalucía y reduciéndose hasta el 25% en el caso del Gobierno central.

En este sentido, CEACOP expresa su “decepción” por la baja participación de empresas andaluzas en las obras impulsadas por el Ejecutivo central. Y es que, de sus 1.523 millones de euros, solo 382,7 millones correspondieron a estas compañías, lo que supone apenas una cuarta parte del total. La patronal considera que esta situación refleja las dificultades de las firmas de la comunidad para acceder a las obras estatales, que continúan concentrándose principalmente en grandes grupos nacionales.

Dentro de la Administración General del Estado, el Ministerio de Transportes concentra la mayor parte de la inversión, con 1.229 millones de euros, destacando especialmente las actuaciones de ADIF, que ha incrementado notablemente su actividad en Andalucía.

Aumento de encargos a medios propios

Finalmente, CEACOP también advierte del creciente uso de medios propios de las administraciones, como Tragsa, Tragsatec o Ineco. En 2025, los encargos directos a estas empresas públicas alcanzaron 454 millones de euros en Andalucía, de los cuales casi 300 millones corresponden a la Junta, es decir, dos tercios del total.

Según el secretario general de la patronal, Arturo Coloma, esta práctica supone retirar una parte relevante de la contratación pública del mercado, lo que reduce la competencia y limita las oportunidades de las empresas privadas del sector.