La ampliación de la UE y los intereses agrícolas

La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE) es fundamental desde 1962 para garantizar un suministro estable de alimentos y apoyar a los agricultores. Lo logra mediante subsidios y pagos directos que estabilizan sus ingresos y fomentan prácticas sostenibles, regulando los mercados agrícolas para evitar excedentes o escaseces extremas, y promoviendo el desarrollo rural y la calidad de vida en las comunidades rurales. La PAC es un pilar fundamental para la UE, asegurando la seguridad alimentaria, el desarrollo rural sostenible y el apoyo a los agricultores europeos.

Esto implica promover la diversificación económica en las zonas rurales, mejorar la infraestructura, facilitar el acceso a servicios básicos y elevar la calidad de vida de las comunidades rurales. La PAC reconoce que la agricultura no es solo una actividad económica, sino también un componente vital de la vida rural y la cultura europea.

Es por ello por lo que la PAC ha sido, y sigue siendo, muy importante para España. Habiendo proporcionado un importante apoyo económico a los agricultores españoles, lo que ha ayudado a mantener la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas, especialmente en áreas rurales donde la agricultura es una parte fundamental de la economía local.

Un apoyo económico para el campo español que la ampliación de UE pone en riesgo. Cabe recordar que la Unión Europea concedió a Ucrania el estatus de candidato el 23 de junio de 2022, apenas cuatro meses después de que el país presentara su solicitud de adhesión. Una integración comunitaria que tendrá un costo considerable si, como vaticinan los expertos, se realiza rápidamente y sin medidas de control. Solo en fondos de cohesión, esto reduciría en 3.740 millones de euros lo recibido por España durante el periodo presupuestario actual.

El instituto más destacado de la capital comunitaria, Bruegel, ha elaborado estimaciones macroeconómicas sobre cómo afectaría una eventual entrada de Ucrania en la Unión Europea en la actualidad. Ucrania, una de las naciones más pobres de Europa incluso antes del conflicto con Rusia, tiene un PIB per cápita tres veces inferior al promedio de la UE en 2019.

Según este instituto, la integración de Ucrania en la UE disminuiría los fondos de cohesión para los 27 Estados miembros en un rango de entre 19.000 y 24.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. España, después de Italia, sería el país más afectado por esta redistribución de recursos, con una reducción de aproximadamente 3.740 millones de euros en comparación con la situación actual. Este nuevo miembro de la UE modificaría la clasificación de algunas regiones españolas y reduciría su financiación a través de programas destinados a equilibrar las disparidades regionales, porque España tendría más regiones por encima de la media económica de la UE. Lo cierto es que, con la futura ampliación de la Unión Europea, España enfrenta el desafío de proteger sus fondos agrícolas, para evitar pérdidas económicas. Lo que obliga al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a negociar, escuchando al sector y a las comunidades autónomas, fondos específicos dentro de la PAC que compensen las posibles pérdidas, revisando los criterios de asignación para una distribución más equitativa, promoviendo políticas de innovación y competitividad en la agricultura, fomentando la diversificación económica en zonas agrícolas vulnerables y cualquier otra medida necesaria con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas para salvaguardar los intereses de los agricultores españoles con la ampliación. Por suerte Almería contará con una valiosa representante en el nuevo Parlamento Europeo que salga de las elecciones en este proceso, la europarlamentaria Carmen

Crespo, que con su amplio conocimiento del sector agrícola y sus necesidades la convierte en una baza fundamental para defender los intereses de Almería, y por ende de Andalucía y España, en la Unión Europea.