Una lucha de estado

Manifiesta doña Ana M. Labella que la lucha contra la violencia de género debe ser una cuestión de estado. ¿Solo la lucha por la violencia de género? Cada día que pasa un nuevo político con dos dedos de frente se percata de que hay temas que debían volver a ser de competencia del estado. Para la señora Martínez Labella es la violencia de género. Para otros, tras el mes de incendios sufridos, el estado central se debe hacer cargo de la lucha contra los mismos. ¿No creen ustedes que la limpieza de ríos, ramblas, montes y sierras debe caer también las mismas manos? Tras la situación vivida en Valencia, parece lo más adecuado. Hablamos de la sanidad. Es de lógica pensar, si vivimos en el mismo país, que todos los ciudadanos recibamos el mismo servicio, y no es así. Hay sanidad de primera, de segunda y hasta de tercera, y lo seguirá siendo mientras esté en manos de las comunidades. Si quieren nos acercamos a la educación. Diecisiete planes distintos, y algunos con inventos de última hora como ocurre en Cataluña y País Vasco.

El que doña Ana se haya percatado de la importancia de que sumemos esfuerzos en favor de la lucha contra la violencia de género, nos lleva a pensar que ese es el camino en otras muchas cuestiones que deben definir la vida de todos y cada uno de los españoles. La diferencia entre un jubilado vasco y un andaluz anda en torno a los quinientos euros mensuales. No parece que sea lógico y que no levante voces y gritos en contra de ese agravio. La construcción de vivienda cayó en manos de las comunidades. El central se lavó las manos, y los autonómicos se gastan los dineros en sueldos y chiringuitos, y así anda el personal joven, si un techo en el que guarecerse, por lo que se tienen que quedar en casa de papá y mamá.

Te cuentan lo que supone crear una empresa en España y te llevas las manos a la cartera, si quieres llegar al norte, al sur, al este y al oeste, necesitas diecisiete permisos, diecisiete, pagando un dineral por cada uno de ellos. Lo lógico sería que esta responsabilidad empresarial y económica recayera en el estado central. Y cada vez son más los empresarios que así lo denuncian, pero claro, eso es quitar poder a las comunidades, rebajar el dinero a transferir, y por ahí no pasan estos inútiles que tenemos en política y que solo pueden y saben vivir dentro de ella con el dinero público de los ciudadanos. El que personas como Ana M. Labella se percaten que el estado tiene que hacerse cargo de responsabilidades nos lleva a pensar que no todo está perdido, hay esperanza.