La UE y la amnistía

El informe emitido esta semana por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala los principales preceptos de la ley de amnistía. El dictamen sobre las cuestiones prejudiciales establece que la norma en el fondo no colisiona con el derecho comunitario y abre pie a una futura sentencia favorable. Por regla general, la alta instancia judicial europea suele fallar en la gran mayoría de los casos en el mismo sentido que marca el pronunciamiento previo de la abogacía. Así que, según el mismo, ni los gastos del procés supusieron menoscabo financiero directo para las arcas públicas de los Veintisiete, con lo cual no ha lugar al delito de malversación que el Supremo podría atribuir a Carles Puigdemont, ni se aprobó una “autoamnistía”. Tampoco se vulnera la legislación antiterrorista al exculpar a los 12 miembros de los CDR, acusados de ese delito por la Audiencia Nacional, porque supuestamente en sus protestas no se perseguía atentar contra los derechos humanos. El contenido del informe dista en algunos apartados de ser un razonamiento jurídico y da la sensación de que camina más por derroteros políticos, con los que se quiere zanjar un asunto que, podemos deducir ahora, también le resulta incómodo a la UE y al que se desea dar carpetazo lo antes posible. Causa asombro que el abogado general afirme que la ley se ha aprobado en un contexto real de reconciliación política y social. ¿Dónde está la asunción de la más mínima culpa o arrepentimiento de los promotores de la declaración de independencia? ¿Las aseveraciones de los instigadores que dan por superado el procés y se comprometen a usar más la unilateralidad para fracturar un Estado democrático? Más esperpéntico resulta que el letrado del TJUE sostenga que no hay “autoamnistía” porque los que emitieron el voto favorable en el Congreso no salían beneficiados personalmente tras la aprobación. La política se impone a la Justicia, no sólo en España, también en el seno de la UE.