El proyecto urbanístico conocido como SUP-CGA-01, que prevé la construcción de centenares de viviendas en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, no supone un simple desarrollo residencial más, sino un nuevo paso en una estrategia de expansión urbanística que amenaza directamente uno de los espacios naturales más valiosos de Europa. Hablamos de más de 300 viviendas en una zona de altísima sensibilidad ambiental, en pleno entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con una presión directa sobre los acuíferos, el paisaje, la biodiversidad y el frágil equilibrio de un territorio semiárido.
Las consecuencias no son teóricas: más consumo de agua en una zona donde ya escasea, más vertidos, más tráfico, más saturación turística, más destrucción de hábitats protegidos y una pérdida irreversible del modelo de turismo de naturaleza que ha sostenido durante décadas a buena parte de la población local. A cambio, se ofrecen las viejas promesas de siempre: empleo, prosperidad, negocio. Promesas que suelen convertirse en precariedad, encarecimiento de la vivienda, expulsión de vecinos y economía estacional dependiente de grandes intereses externos.
El modelo de la derecha: cemento, especulación y turismo masificado
Este proyecto no surge de la nada. Responde a un modelo político muy concreto: el de los gobiernos municipales de derechas —como el del Ayuntamiento de Almería— que siguen apostando por el ladrillo, la expansión urbana ilimitada y el turismo de masas como receta universal para el desarrollo. Un modelo fracasado, socialmente injusto y ambientalmente suicida.
Para estos gobiernos, el Parque Natural no es un espacio a proteger, sino un escenario que explotar. Donde antes hubo protección, ahora quieren ver promociones inmobiliarias; donde había paisaje virgen, ahora proyectan piscinas, apartamentos y complejos turísticos. Da igual que estemos en una Reserva de la Biosfera, en Red Natura 2000 o ante hábitats de interés comunitario: cuando entran en juego los intereses inmobiliarios, todas las protecciones parecen estorbar.
Mientras tanto, a la población de Cabo de Gata se le presenta la urbanización como una oportunidad histórica. Se les promete trabajo, actividad económica, futuro. Pero la experiencia demuestra que estos proyectos enriquecen a promotores y fondos inversores, no a la población local. El beneficio se queda arriba, y los impactos —sociales, ambientales y económicos— los paga el territorio.
Pero, si grave es la actuación de los ayuntamientos gobernados por la derecha, es aún más preocupante la contradicción en que incurre la Junta de Andalucía. La misma administración que tiene la competencia de proteger el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es la que acaba facilitando estos proyectos dando la cobertura legal imprescindible con informes ambientales favorables.
¿Cómo se explica que un espacio con tantas figuras de protección pueda soportar proyectos de esta envergadura? ¿Qué credibilidad tiene una política ambiental que, en la práctica, se subordina a los intereses del mercado inmobiliario? La Junta no puede declararse defensora del medio ambiente de palabra mientras lo debilita con sus decisiones administrativas.
Esta doble moral institucional es especialmente grave porque genera una peligrosa sensación de impunidad: si todo se puede autorizar con un informe favorable, entonces la protección ambiental queda reducida a pura propaganda.
Falsas promesas, consecuencias reales
A la población local se le habla de progreso, pero no se le habla del aumento del precio de la vivienda, de la precarización laboral ligada al turismo estacional, del colapso de servicios públicos en verano, de la pérdida de identidad del territorio ni del deterioro irreversible del entorno natural que, paradójicamente, es la base de su atractivo económico.
El desarrollo basado en el cemento no fija población, no genera empleo estable y no garantiza bienestar a largo plazo. Al contrario: expulsa a los jóvenes, convierte los pueblos en parques temáticos y deja tras de sí un paisaje degradado y sin retorno.
Lo que está en juego es la elección entre dos modelos de territorio: el del beneficio rápido frente al de la sostenibilidad; el de la especulación frente al del bien común; el del turismo masivo frente al del equilibrio ambiental.
Desde una óptica de izquierdas, la defensa del Parque Natural no es solo una cuestión ecológica, sino también social. Proteger Cabo de Gata es defender el derecho de las próximas generaciones a un territorio habitable, a una economía digna, a un entorno sano y a una forma de vida que no esté supeditada a los vaivenes del mercado inmobiliario.
La historia reciente de nuestro Parque Natural de Cabo de Gata está llena de advertencias: el Algarrobico debería haber sido el punto final de esta lógica, pero nos seguimos enfrentando a nuevos proyectos que repiten los mismos errores.
Cabo de Gata no necesita más urbanizaciones. Necesita más protección, más inversión pública en conservación, más apoyo al turismo sostenible, más agricultura y pesca tradicionales, más empleo verde y más participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan a su futuro.
