El próximo día 21, Extremadura someterá a votación la composición de la Asamblea de Extremadura. Extremadura votará únicamente para elegir diputados regionales. No habrá ni elecciones municipales, ni autonómicas en otras regiones, ni generales. España no se juega nada en las elecciones extremeñas. Nos lo jugamos los extremeños. He oído decir que hay que votar PP para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. He escuchado que hay que votar PSOE para mandar a casa a Feijóo. Ni Sánchez ni Feijóo se presentan como candidatos en las elecciones extremeñas.
Se está perdiendo la oportunidad de hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de Extremadura. Quienes vienen de Madrid se traen sus cuitas cortesanas faltando al respeto a los extremeños. Extremadura no es un laboratorio para saber qué puede pasar en un futuro más o menos cercano en el conjunto de España. No estaría mal que los españoles conocieran que Extremadura –y también Andalucía– fueron tratadas por la dictadura peor que Franco trató a las colonias españolas en África. Aquellos que siguen mirando a la región extremeña con los ojos de 1975 deben saber que en esos años Extremadura tenía un PIB per cápita del 50% respecto a la media española. Andalucía andaba por el 73% y Madrid, por el 145%. Lo que significaba que un madrileño medio era tres veces más rico que un extremeño medio y algo más de dos veces que un andaluz medio. Gracias a la democracia y al régimen autonómico, hoy Extremadura se sitúa en el 77% y ha recortado distancia con respecto a la media española. Las elecciones del 21D pueden ser una buena oportunidad para que sobre lo construido se continúe la senda de progreso de estos últimos cuarenta años.
La actual presidenta de la Junta de Extremadura está en su derecho de disolver la Asamblea y convocar estas elecciones. Así se recoge en el Estatuto de Autonomía.
La aparente debilidad socialista, según dicen los sondeos, se atribuye a lo que se considera un error al proponer para presidente de la Junta a Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura. Escribió hace unos días un comentarista político que si el PSOE ganara estas elecciones y Gallardo fuera declarado culpable en el juicio que tienen pendiente por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, de la que Gallardo era presidente, el PSOE tendría un problema. Al comentarista se le pasó por alto otra posibilidad: si los socialistas perdieran las elecciones y Gallardo fuera declarado inocente en el juicio posterior, la sociedad extremeña se enfrentaría a una terrible injusticia. Muchos seguramente preferirían enfrentarse a la solución de un problema que a la contemplación de una tremenda injusticia cometida contra un inocente que fue vilipendiado y casi masacrado.
Si fuera cierto que el PSOE extremeño no acertó con su candidato y eso le pudiera hacer perder las elecciones, habría que explicar las razones que posibilitaron que ese mismo partido, habiendo obtenido 34 escaños en las elecciones autonómicas de 2019, pasara a 28 escaños en la de 2023. Entonces, el candidato fue el fallecido Guillermo Fernández Vara. No tenía el lastre que supuestamente arrastra Gallardo. ¿Por qué ese bajón tan espectacular perdiendo 6 diputados de una tacada? Los extremeños castigaron una política nacional a quienes primero pusieron la cara. En 2023, se repartió el castigo con trece Comunidades Autónomas y miles de ayuntamientos. En esta ocasión, el PSOE va solo. Los primeros en poner la cara. Sería una injusticia que pagaran justos por pecadores. Los socialistas extremeños no son como Ábalos ni como Cerdán, ni como Salazar o como el secretario general del PSOE de Torremolinos o como el presidente de la Diputación provincial orensana. Gallardo ni robó ni violentó a nadie.
Guarden su castigo para quienes lo merezcan. La trayectoria de los socialistas extremeños es limpia y no merecen pagar las culpas de quienes están en el PSOE pero no son del PSOE.
