Viene al caso aquella película; “Por un puñado Dólares” de Sergio Leone con el gran Clint Eastwodd rodada en el desierto Almeria. Pedro Sánchez ha aumentado el precio, ha pagado 4,7 mil millones de euros por un puñado de votos a Oriol Junqueras, quien únicamente tiene la representación de su partido ERC, siete votos en el Congreso valen según Sánchez 4,7 mil millones euros; 671.000 euros por cada voto.
Ante el atropello del nuevo modelo de financiación que beneficia claramente a Cataluña con buena parte de los recursos de todos los contribuyentes, Emiliano Garicoa Page ha ofrecido el penúltimo acto de su quejumbrosa opera de lamentos, eleva la voz y declama; “antes que decidan los independentistas como se reparte la riqueza de España, prefiero que hablen los españoles”. Y añadió dos huevos duros y una bolsa de magdalenas a su lista de lamentos. Sánchez no consulta a sus bases , no averigua y no gobierna, sencillamente paga por servicios prestados o por votos en el mercado del alquiler. Decide sobre el patrimonio común según su voluntad. Y lo hace desde una trinchera cada vez más estrecha y cercado por la erosión de su autoridad, la falta de apoyos parlamentarios y una cadena de escándalos que apuntan no sólo a su partido, sino a su familia y a su entorno más íntimo. En esta atmósfera sofocante, el presidente se aferra al último refugio del poder; el autoritarismo.
No es solo el desmoronamiento de su coalición lo que delata su soledad. Es el peso asfixiante de los tribunales que comienzan a asomar en el horizonte de 2026 como verdaderos comicios judiciales para su figura y las de sus más próximos colaboradores. Su hermano David, su esposa Begoña Gómez, sus antiguos escuderos José Luis Ábalos y Santos Cerdán, todos ellos están en vísperas de una comparecencia ante la justicia que, pese a los intentos del Gobierno por desactivarla, aún respira.
El tiempo político de Sánchez se agota, y él lo sabe. No hay Presupuestos, faltó a otra de sus promesas y falta a su deber constitucional, no hay mayoría parlamentaria, y lo que queda de legislatura es una sucesión de decretos y artimañas jurídicas diseñadas no para gobernar, sino para resistir. Como un César decadente se niega a comparecer en el Congreso, desprecia el control parlamentario, ignora el Senado y anuncia, con soberbia inaudita, que “gobernará con o sin el apoyo del Parlamento”. Una frase más propia del absolutismo medieval que de un Estado de Derecho.
Las encuestas de enero de 2026 anticipan un desastre electoral sin paliativos. El PSOE no tiene posibilidades de alcanzar mayorías de gobierno en comunidades clave como Madrid, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En este escenario desolador, solo Cataluña le ofrece un remanso de resistencia, a un alto precio. Sánchez ha decidido dinamitar el principio de igualdad territorial entregando 4.700 millones de euros. Un soborno institucional que convierte a los españoles en ciudadanos de primera, segunda y tercera. ¿Qué concepto de justicia redistributiva cabe en un Estado que premia la deslealtad?
Consciente de que la única aritmética que le queda es la de la sumisión, Sánchez ha profundizado en la desigualdad como estrategia. La indignación crece incluso entre sus votantes tradicionales. Pero más inquietante aún es el uso sistemático de las instituciones del Estado como escudos de impunidad. El Tribunal Constitucional convertido en oficina de indultos preventivos, la Fiscalía General degradada al papel de mamporrero gubernamental, y un Consejo de Ministros que actúa como tapadera legal de los negocios turbios de media España socialista. España se desliza hacia una partitocracia posdemocrática, donde el Ejecutivo desborda los contrapesos y neutraliza cualquier atisbo de control independiente.
El guion está escrito: cuando el poder se percibe amenazado, se construye una narrativa de acoso externo. Todo es “lawfare”, todo es “ultraderecha”, todo es “fango”. La maquinaria propagandística del PSOE se aplica en etiquetar como golpistas a jueces, fiscales, periodistas y hasta ciudadanos anónimos que simplemente reclaman justicia. Una estrategia de confrontación diseñada no para convencer, sino para dividir. “Si no estás conmigo, estás contra mí”.
Sánchez ha cruzado el Rubicón. Ya no es un gobernante en apuros, es un autócrata en gestación. Su permanencia en el poder no responde ya al ejercicio del liderazgo, sino al temor a perderlo todo. A que caigan las máscaras, a que las cuentas salgan, a que el relato colapse. Porque si Pedro Sánchez pierde las próximas elecciones generales no sólo perderá el Gobierno. Perderá la posibilidad de tapar lo que ya no puede esconderse.
Y mientras tanto, España asiste a este espectáculo con una mezcla de estupor y hastío. Un país que soñó con la modernidad y el consenso, que hizo de la Transición un ejemplo mundial, ve ahora cómo el cinismo sustituye al patriotismo y la mentira al discurso. Sánchez ha logrado que buena parte del país crea sus mentiras absurdas. Lo siguiente es imprevisible.
La historia es generosa en ejemplos de líderes que, acorralados, optaron por incendiar las instituciones para salvar su pellejo. En España ese peligro tiene nombre y apellidos.
