La limpieza de Palomares llega a la Audiencia Nacional con el informe de la Comisión Europea
Levante
Ecologistas reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica un plan para erradicar la contaminación radiológica
Palomares cumple 60 años con el plutonio aún bajo tierra y sin salida cerrada: Almería espera respuesta
Ecologistas en Acción ha elevado a la Audiencia Nacional el informe técnico emitido por la Comisión Europea en 2019 por el que se daba de plazo hasta finales de 2021 al Gobierno español para informar sobre los progresos en la implementación del plan para la "remediación" de la contaminación radiológica de Palomares (Almería) que la propia organización conservacionista reclama al Ministerio para la Transición Ecológica en los tribunales.
El documento, que acompaña al escrito definitivo de conclusiones por el que se insta a la Sala de lo Contencioso-administrativo a que fije un plazo para la limpieza de la zona, fue elaborado por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea tras la visita realizada por un equipo de verificación entre el 18 y 20 de junio de 2019 en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom, que exige a los Estados Miembro establecer instalaciones para el control continuo de la radiactividad en aire, agua y suelo.
El citado equipo, conforme al documento consultado por Europa Press, exponía que no se habían implementado las recomendaciones emitidas ya en 2010 relativas a la remediación de las zonas contaminadas de Palomares y solicitaba un informe de progreso sobre los cambios en los sistemas de vigilancia antes de finales de 2020 así como información sobre el progreso de implementación del plan antes de que acabara el año siguiente. En base a dichos informes, no descarta una nueva misión de verificación.
"Este incumplimiento obligará a la Comisión Europea a llevar a cabo una nueva verificación y posible imposición de sanciones", han advertido en su escrito desde Ecologistas, que con base en el Plan de Rehabilitación de Palomares ya existente reclama que se fije un plazo "máximo" de tres años para dejar la zona "libre de radioactividad".
Para la organización ecologista, únicamente es necesaria una orden del Miteco para poder descontaminar el espacio mediante el almacenamiento de unos 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada con americio y plutonio que actualmente se encuentra acotada por el Ciemat.
Insiste la asociación en que a raíz de la accidente en 1966 con el choque de dos aviones estadounidenses que cargaban dos bombas termonucleares, los norteamericanos dejaron en su actuación posterior un total de 16,6 hectáreas con los residuos radiactivos enterrados a 30 centímetros de profundidad y 87 hectáreas de terreno con residuos radiactivos enterrados a 25 centímetros de profundidad.
"También construyeron dos enormes fosas de 1.000 y 3.000 metros cúbicos y las llenaron de residuos radiactivos. Otras zonas las dejaron como estaban y así perduran hasta nuestros días", han recalcado para señalar que la Administración norteamericana solo se llevó "1.000 metros cúbicos de material radiactivo".
Enterramientos "clandestinos"
Para Ecologistas, la actuación supuso enterramientos "clandestinos" de material radiactivo "sin respetar la normativa que ya estaba vigente en 1966" en dos fosas que "no tienen la calificación administrativa de instalación nuclear puesto que se construyeron sin expediente alguno" pese a que almacenan "ilegalmente un total de 4.000 metros cúbicos de material radiactivo al aire libre y sin medida de seguridad alguna", salvo "una simple alambrada".
A estos almacenamientos "ilegales", según han abundado, hay que añadir los llevados a acabo posteriormente "en los dos contenedores para verduras depositados" en distintas áreas de la pedanía que fueron colocados en 2018. "También es un almacén ilegal la caseta situada en el centro del pueblo con residuos radiactivos", han añadido.
Con ello, rechaza la postura de la Abogacía del Estado para descartar que Palomares constituya un caso de "exposición existente", puesto que encierra una situación de "ilegalidad palmaria" a la que, según mantienen, el Ministerio "tiene obligación de poner término fijando un plazo al Ciemat, como titular de los terrenos, para que proceda a la retirada de los residuos radiactivos".
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