El caso de las 53 familias de Aguadulce llega hasta el Congreso tras una década de "acoso institucional"

Representantes de los 53 vecinos del conjunto residencial Vistaverde, en Aguadulce, se reunirán este miércoles en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios de Podemos, Sumar y PSOE para exponer su situación ante el inminente desahucio por la venta del edificio de la Sareb a un fondo de inversión.

Los vecinos, que denuncian haber sufrido una década de "acoso institucional" tras alquilar viviendas inacabadas y asumir por su cuenta su acondicionamiento, trasladarán su testimonio y documentación acreditativa a las diputadas Engracia Rivera (Sumar) y Martina Velarde (Podemos), así como a representantes del grupo socialista.

Fuentes vecinales han explicado a EFE que este lunes mantuvieron un encuentro previo con el diputado nacional por Almería y vocal de la Comisión de Vivienda en el Congreso, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, en la sede provincial del PSOE. A la cita asistieron también el secretario local del PSOE en Roquetas, Manuel García, y el vicesecretario, Rafael Torres.

"Le entregamos todos los documentos que prueban nuestra condición legal de inquilinos: sentencias, burofaxes, recibos, acuses de recibo... todo. Porque se nos está intentando desacreditar diciendo que somos okupas o aprovechados, cuando llevamos más de diez años pagando y mejorando el edificio por nuestra cuenta", ha declarado Javier Rodríguez, presidente de la comunidad de vecinos.

El desalojo, aplazado sine die

Rodríguez ha subrayado que estas reuniones suponen un paso importante en su defensa frente al lanzamiento judicial fijado inicialmente para el 5 de junio -ahora aplazado sin nueva fecha-, y que la Sareb solicitó sin haber respondido previamente a sus peticiones de alquiler social.

Los vecinos están citados con Podemos a las 11:30 horas, con Sumar a las 12:30, y con el PSOE más tarde, en función de la disponibilidad del grupo por coincidir con la sesión de control al Gobierno.

"Nos escuchan porque llevamos años actuando con papeles, no con pancartas, y sin los medios de comunicación no habríamos llegado hasta aquí", ha señalado Rodríguez, quien ha reiterado que seguirán denunciando públicamente lo que consideran una "operación especulativa mafiosa" con viviendas que, a su juicio, debieron destinarse a alquiler social.