El humedal del Salar de los Canos de Vera pasa a ser de titularidad pública gracias a la cesión de terreno

TM celebra la aprobación en Pleno y por unanimidad de todos los grupos políticos, de un acuerdo público – privado con el Ayuntamiento de Vera, calificado como histórico, mediante el que se cede más de medio millón de metros cuadrados del Salar de Los Canos.

Más de 559.000 metros cuadrados del entorno del Salar de Los Canos pasarán a titularidad pública tras la aprobación en Pleno del convenio urbanístico relativo al ámbito RC-2 y RC-4C, un acuerdo que TM Grupo Inmobiliario ha valorado como “una solución responsable y equilibrada tras más de una década de complejidad administrativa”.

El convenio adapta el planeamiento municipal a la nueva realidad derivada tanto del Proyecto de Laminación y Evacuación de Avenidas de la Rambla del Algarrobo como de la inclusión del Salar de Los Canos en el Inventario de Humedales de Andalucía. La cesión anticipada y gratuita al Ayuntamiento de 559.876 m² permitirá integrar el humedal como sistema general de espacios libres públicos, consolidando su preservación ambiental y su destino al uso ciudadano.

Además, el marco acordado facilita la ejecución de las infraestructuras necesarias para eliminar el riesgo potencial significativo de inundación en zonas urbanas consolidadas de El Playazo, uno de los aspectos que más preocupación había generado en los últimos años.

“Cuando la protección del entorno natural y la seguridad de las personas son la prioridad, el diálogo institucional es el único camino responsable”, señalan fuentes de TM.

TM considera que este modelo de colaboración público-privada puede convertirse en una referencia en situaciones donde confluyen protección ambiental sobrevenida, riesgos naturales y planeamiento heredado, apostando por soluciones que priorizan el interés general y la estabilidad institucional. “Tras años de informes sectoriales, modificaciones normativas y alternativas de planeamiento, el convenio establece un marco claro que aporta seguridad jurídica y rentabilidad ambiental, social y económica por igual, permitiendo avanzar hacia una ordenación adaptada a la realidad ambiental y técnica actual”, aseguran esas mismas fuentes.