La modernización y digitalización de la Administración de Justicia también pasa por la limpieza y la eliminación de los documentos en papel innecesarios. Precisamente en este objetivo, en el año 2012 la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía creó la denominada Junta de Expurgo, para eliminar expedientes judiciales que datan del año 1945 al año 2000, y que duermen almacenados en los archivos judiciales a pesar de no tener ningún valor.

La Junta de Expurgo acordó así el pasado mes de mayo continuar con la eliminación de documentación en Almería relacionada con diligencias previas y juicios de faltas, y luego traslada muestras de cada expediente al archivo histórico provincial. En estos meses, los funcionarios encargados de esta limpieza de papel trabajan en el análisis de más de 1.330 cajas, de las cuales se pretenden eliminar 62.194 expedientes. Actualmente están trabajando en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería y ya se han realizado trabajos de cara al expurgo en la documentación que se ha trasladado a la Ciudad de la Justicia procedente del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 y Nº 2 de Berja; Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 y Nº 2 de Vera; Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 y Nº 2 de Huércal-Overa y Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 y Nº 2 de Roquetas de Mar. Además, se trasladó ya descrita para expurgo documentación de de los juzgados de 1ª Instancia e Instrucción nº 1, 2, 3 y 4 de El Ejido.

La Junta de Andalucía ha eliminado ya 507.662 documentos judiciales antiguos en la provincia de Almería desde el año 2012 que fue cuando se puso en marcha la iniciativa por primera vez y cuyo objetivo no es otro que aligerar los archivos de las sedes judiciales que se están quedando pequeños.

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que destinados a su destrucción o a archivar es su interés judicial o histórico. De esta forma se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquella que posea un relieve social, económico, político o cultural.

Según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta, "para este año se prevé ampliar el plan de eliminación de documentos judiciales antiguos a tres procedimientos judiciales más de la jurisdicción penal, es decir, expedientes de recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicios de faltas, de procedimientos abreviados y de juicios rápidos".

El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos.

El objetivo de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales y profundizar al mismo tiempo en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún sentido conservar y avanzar en el camino hacia una Justicia digital y sin papeles. El TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales en sus últimas memorias, en las que ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta subraya la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo.

Los expedientes que ya han sido destruidos en Andalucía han supuesto para la administración de Justicia un ahorro de 157.000 euros, ya que no tiene que hacer el gasto que supone mantener la custodia de documentos.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en su caso contrario, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico, como el Archivo Provincial.