Las nuevas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) conocidas esta semana ordenan anular los acuerdos de comercio y pesca suscritos entre Marruecos y la UE, que contemplan el territorio saharaui, tal y como había recurrido el Frente Polisario, puesto que la comunidad internacional no reconoce el Sáhara Occidental como parte del territorio marroquí y no se ha contado con el consentimiento del pueblo saharaui. Esta noticia tiene su cara y su cruz, dependiendo del sector del que se hable, si bien hay que ser cautos en ambos casos puesto que cabe recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE); además el tribunal con sede en Luxemburgo pide que se mantengan los efectos de los pactos durante un período de tiempo, que no puede ser superior a dos meses, o al pronunciamiento del TJUE si hubiera recurso.

Para la pesca, en caso de que se consuma esta decisión, sería un mazazo. De esta forma lo expresaba el secretario general de Cepesca, Javier Garat, quien lamentaba el dictamen por su potencial impacto en 128 barcos de la Unión Europea (UE), de los cuales 92 son españoles (sobre todo de Andalucía, Galicia y Canarias), buques que con el protocolo pesquero tienen la posibilidad de solicitar licencias para faenar en aguas marroquíes. Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras decir que la anulación del acuerdo es motivo de preocupación, hacía un llamamiento a las autoridades españolas para que velase por los intereses de la flota local en Marruecos.

El nuevo encuentro del Comité Mixto del tomate previsto para la próxima semana incidirá en el acuerdo con Marruecos

Pero mientras eso sucede con la pesca, todo lo contrario ocurre con la agricultura. La propia consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, incidía en la necesidad de revisar de forma urgente los acuerdos de la UE con terceros países. Aunque la práctica venía sucediendo de atrás hay que tener en cuenta que el Acuerdo entre la UE y Marruecos para ampliar a las producciones del Sáhara Occidental las preferencias arancelarias incluidas en el Protocolo de Asociación está en vigor desde febrero de 2019, tras la publicación, en el Diario Oficial de la Unión Europea, de la Decisión (UE) 2019/217 del Consejo de 28 de enero de 2019 y del propio Acuerdo en forma de Canje de Notas sobre la modificación de los protocolos 1 y 4 del Acuerdo Euromediterráneo.

La nueva sentencia ha servido a las organizaciones agrarias para reivindicar una vez más a las instituciones comunitarias la paralización inmediata del acuerdo agrícola UE-Marruecos. Coag hace lo propio, al menos, hasta que se asegure que las producciones procedentes del Sáhara Occidental no quedan camufladas como importaciones marroquíes. “Se trata de evitar que se introduzcan en el mercado comunitario productos agrícolas cultivados en los territorios del Sáhara Occidental como si fueran de Marruecos, tal y como se realiza hasta el momento”. Sobre esto, recientemente Coag y la ONG Mundubat presentaban un informe de investigación en el que se desvelaba cómo cinco grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI y el futuro presidentes del país y hasta ahora ministro de Agricultura de Marruecos, explotan tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial, a costa de los saharauis y los agricultores del sudeste español. En el documento se señalaba también el fraude en el etiquetado de tomate saharaui como marroquí. Sobre lo último, preguntada a la Comisión Europea sobre una posible investigación basada en este informe, este mes el propio comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, respondía: “La naturaleza del informe a que se refiere Su Señoría no puede dar lugar a una inspección de la UE”.

Por parte de Asaja Almería se celebraba la sentencia ya que puede suponer una oportunidad para revisar el acuerdo y apostar por mecanismos eficaces de control, ya no sólo en cuestiones de precios o cantidades, sino además, en aspectos de trazabilidad, vigilancia fronteriza y seguridad fitosanitaria. En este sentido, considera fundamental el apoyo del Gobierno español, a través de su Ministerio de Agricultura, para poner en marcha un frente común con otros países afectados y para que se garantice de una vez por todas, el cumplimiento estricto de este acuerdo. De hecho, la próxima semana existe una excelente oportunidad para empezar a trabajar en esta línea, y así lo trasladará Asaja en el nuevo encuentro previsto en el Comité Mixto del tomate, uno de los productos más perjudicados por la llegada masiva de productos de Marruecos a los mercados europeos.