Opinión

La pesca de arrastre en el Mediterráneo

José María Gallart, gerente de la OPP71 Y Asopesca

José María Gallart, gerente de la OPP71 Y Asopesca / Diario de Almería

La Comisión Europea siempre ha ignorado al Mediterráneo, y mejor nos iba a todos los actores que tenemos papel en esta función, cuando el anterior comisario el señor Karmellu Vela, maltés de nacimiento, quiso abanderar la regeneración pesquera desde el ámbito comunitario, dando pie al primer grave error de la clase política: el Mediterráneo debe ser tratado desde un punto de vista internacional (no solo UE) y para ello está la Comisión General de Pesca del Mediterráneo CGPM , a la que todos los países ribereños del Mare Nostrum están afiliados y donde las decisiones que se adoptan son de obligado cumplimiento para todos.En junio de 2019, el disparate tomó cuerpo y forma con la aprobación por parte del Parlamento Europeo del Reglamento Comunitario 2019/1022 y en esto tiene mucho que ver la Eurodiputada Española (PSOE) Clara Aguilera, que traicionó y vendió al sector pesquero español.

Un reglamento que en su fase de tramitación contó con la colaboración leal de los profesionales de la pesca, haciendo numerosas aportaciones desde el punto de vista técnico y científico, pero como siempre, los políticos miraron para otro lado y ninguna de estas aportaciones fueron tenidas en cuenta, se traspasaron todas las líneas rojas puestas por el sector y todo este despropósito contó con el apoyo del gobierno de España que no ha sabido, ni querido defender a sus pescadores de bajura.

La transposición a la normativa nacional de este reglamento se traduce en la aprobación reciente (en pleno confinamiento por alarma sanitaria, en mayo) de la Orden APA/4234/2020 de 18/05/2020, casi una año más tarde tras la aprobación del reglamento comunitario, una aplicación que se hace con carácter retroactivo desde el 01.01.20, y que en resumen su contenido es destructivo con el sector pesquero: Si el reglamento comunitario es malo, la orden nacional es peor.

Los pescadores españoles no se merecen esta política sin sentido que se hace en Bruselas y apoya el Gobierno de España

Esta aplicación supone que en a medio plazo, no más lejos de 2023, la flota de arrastre española del Mediterráneo desaparecerá, y mientras, Francia e Italia que también estarían obligados a cumplir esta normativa comunitaria no la van a aplicar con el visto bueno de sus gobiernos…, en definitiva, solo se perjudica al pescador español por ser buen “estudiante”.

Sirva como ejemplo que en el arco de influencia del Sur Mediterráneo la flota andaluza está compuesta por 90 embarcaciones, mientras que Argelia y Marruecos cuentan con 380 barcos de arrastre que lógicamente no van a ver restringida su actividad, es mas, se le abre un campo de futuro impresionante pues accederán a caladeros y recursos hasta ahora explotados por la flota española, como es la Isla de Alborán, y se le abre un mercado que hasta ahora no ocupaban como es el mercado español. Así pues, a partir del 2023, importaremos nuestros productos básicos de pescado fresco de estos países.

Los pescadores españoles no se merecen esta política sin sentido que se hace en Bruselas y que cuenta con el apoyo del gobierno de España. Los españoles no merecen que su gobierno quiera “palmear” a Bruselas a costa del sacrificio de una economía costera que ha mostrado con orgullo estar al pie del cañón en esta crisis sanitaria. Es urgente un cambio de rumbo en la forma de gestionar la pesca del Mediterráneo actual.

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