59 años de Palomares: Franco y EE. UU. usaron a los vecinos para experimentar en Almería
Una misiva entre ambos países revela cómo convirtieron a los habitantes de la pedanía en sujetos de estudio para analizar los efectos de la radiación
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El 17 de enero de 1966, la vida de los habitantes de Palomares, una pedanía de Cuevas del Almanzora en Almería, cambió para siempre. Un accidente nuclear, consecuencia de la colisión de dos aviones militares estadounidenses, liberó cuatro bombas atómicas cerca de sus casas, sumiendo a la comunidad en una tragedia silenciosa. Pero lo que siguió a este desastre fue aún más oscuro: el gobierno de Franco y las autoridades estadounidenses acordaron utilizar a los habitantes de la pedanía como conejillos de indias en un experimento sobre los efectos de la radiación, sin que estos fuesen conscientes de los riesgos.
La explosión de las bombas no solo contaminó el suelo y el aire, sino que también provocó una exposición masiva a plutonio, una sustancia extremadamente radiactiva. Mientras tanto, las autoridades españolas, siguiendo la política de colaboración con los Estados Unidos en plena Guerra Fría, decidieron no informar a los residentes de los peligros que estaban enfrentando. Lo que para muchos fue un accidente, para otros fue una oportunidad para investigar los efectos de la radiactividad en el cuerpo humano, sin importarles el sufrimiento de los afectados.
Franco, consciente de la importancia geopolítica de mantener buenas relaciones con EE. UU., aceptó las condiciones impuestas por las autoridades estadounidenses. Estas consistían en investigar los efectos de la exposición al plutonio en los habitantes de Palomares, utilizando a la población local para obtener datos radiactivos bajo el pretexto de que los beneficios de la investigación superarían los riesgos. La carta enviada desde Washington, firmada por John A. Hall, Subdirector General de Actividades Internacionales de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, y dirigida a José María Otero Navascués, Presidente de la Junta de Energía Nuclear, detallaba el acuerdo entre ambos gobiernos. "El gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de investigar los efectos de la radiación sobre los residentes de Palomares," se leía en uno de los párrafos.
A través de la operación de descontaminación que siguió, dirigida por el científico estadounidense Wright Haskell Langham, se comenzó a estudiar el impacto de la exposición a la radiación en la salud de los residentes. Durante meses, los habitantes fueron sometidos a exámenes médicos, análisis de orina y muestras de sangre, bajo el engaño de que se trataba de un esfuerzo por reducir los niveles de contaminación. Sin embargo, estos análisis tenían un fin mucho más oscuro: recolectar datos científicos sobre los efectos a largo plazo del plutonio.
Los habitantes de Palomares nunca fueron informados de que estaban siendo utilizados como parte de un experimento controlado. A lo largo de los años, muchos de ellos sufrieron secuelas de salud debido a la exposición al plutonio, aunque las autoridades desestimaron cualquier vínculo directo entre la radiactividad y los problemas de salud. Los resultados de los estudios fueron tergiversados y la situación se mantuvo en secreto durante años, tanto para los afectados como para el público en general.
"No sabíamos que estábamos siendo parte de un experimento," recuerdan muchos de los residentes en testimonios posteriores. El proyecto, que se conoció como Proyecto Indalo, se extendió durante décadas, pero los informes oficiales minimizaban los riesgos. Durante el tiempo que se llevó a cabo, se realizaron más de 13.000 análisis a productos agrícolas de la zona y más de 1.000 pruebas médicas a los vecinos, aunque los resultados fueron generalmente ignorados o mal interpretados.
Los efectos de la radiación en los residentes fueron claros. En los análisis de orina realizados, casi todos los habitantes de Palomares presentaron trazas de plutonio. "El 99% de las muestras de orina contenían plutonio," afirmaba uno de los informes confidenciales, que, sin embargo, nunca se hicieron públicos de forma oficial. Solo años después, y tras numerosas reclamaciones, los ciudadanos lograron obtener acceso a los resultados de sus propios análisis, que reflejaban niveles peligrosos de contaminación interna.
Mientras tanto, el gobierno de EE. UU. también llevó a cabo pruebas con sus propios militares que participaron en las labores de rescate y limpieza tras el accidente. Estos soldados, al igual que los civiles, fueron sometidos a pruebas médicas para evaluar los efectos del plutonio en su salud. Los resultados fueron igualmente alarmantes, aunque fueron minimizados bajo el argumento de que las exposiciones no representaban un peligro inmediato. No obstante, los estudios posteriores confirmaron que, en su mayoría, los niveles de plutonio eran tan altos que representaban un serio riesgo para la salud a largo plazo.
"Nos usaron como cobayas de laboratorio," denunció un grupo de vecinos de Palomares en una carta enviada a la ONU años después, pidiendo justicia por los daños sufridos. La carta también reclamaba una compensación económica por los problemas de salud derivados de la exposición al plutonio, que nunca fueron debidamente atendidos. La lucha por el reconocimiento de su sufrimiento se mantuvo viva durante décadas, pero la respuesta institucional fue casi nula, ya que tanto las autoridades españolas como las estadounidenses intentaron desviar la atención hacia otros asuntos.
Hoy, 59 años después del accidente, los habitantes de Palomares siguen esperando respuestas. A pesar de que algunos estudios han demostrado que los efectos de la radiación son perjudiciales a largo plazo, las autoridades nunca asumieron una responsabilidad plena por los daños ocasionados. Muchos de los residentes que aún viven con secuelas de salud continúan luchando por que se reconozca su derecho a una compensación justa, algo que no ha llegado en todo este tiempo.
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