AGUA GRATIS que acaba saliendo cara

"La gente está agudizando mucho el ingenio para no pagar el agua". El gerente provincial de Aquagest Andalucía, Gonzalo Jiménez, lo tiene claro y ya han tomado cartas en el asunto. Al igual que el resto de concesionarias del servicio de abastecimiento de los municipios almerienses, en los últimos años se han visto obligados a intensificar el control de los contadores domésticos y a incrementar las inspecciones ante posibles tomas y enganches ilegales porque la crisis está disparando los fraudes, con especial atención a las áreas determinadas como diseminados, comunidades y chalés.

Cuando las cuentas no cuadran a fin de mes hay quienes optan por falsear las indicaciones de sus aparatos de medida del volumen de agua consumida por su hogar, trucando el contador, y otros que optan por realizar enganches a la red general sin autorización e incluso derivaciones clandestinas de caudal de otros usuarios.

Aquagest ha detectado más de 700 casos en los últimos 18 meses y las actas que han levantado les han permitido recuperar más de 24 millones de litros de agua, que se habían dejado de facturar, de particulares y empresas. "Se han puesto todos los medios técnicos y humanos para que luchar contra el fraude y las malas noticias son que, en la actual coyuntura económica, todos los días se detectan fraudes", afirma Gonzalo Jiménez.

La concesionaria del Servicio Municipal de Agua de la capital, Aqualia, ha regularizado en los seis primeros meses del año unos 50 enganches fraudulentos a través de una de sus campañas periódicas para vigilar, controlar y detectar posibles acciones de consumo de agua sin contador. Se habían dejado de facturar más de 54 millones de litros de agua. Y no es nada nuevo. Durante el pasado año, fueron unos 90 los fraudes regularizados y 60 los millones de litros que les habían sustraído. Es más, la Sociedad de Gestión de Aguas del Levante Almeriense SA (Galasa), entidad perteneciente a la Diputación Provincial, maneja unas estadísticas de vértigo. En los alrededor de veinte años, con mayor incidencia en los últimos, en los que ha prestado el servicio de abastecimiento a casi una treintena de municipios de las comarcas del Levante y Almanzora han localizado en torno a 70.000 tomas ilegales y han tenido que iniciar unos 200 expedientes de liquidación por fraude. Son los datos que aportó su gerente, Juan Ignacio Moya, en unas jornadas sobre abastecimiento y saneamiento, consciente del aumento de la picaresca en el suministro del agua.

De acuerdo con el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía (RSDA), en el momento en el que los inspectores autorizados por la empresa concesionaria detectan un caso de posible fraude, se elabora un informe con las anomalías que han sido encontradas. Se requiere al usuario de la finca o vivienda para que lo subsane en el plazo que establece la legislación para evitar la suspensión del servicio. Dependiendo del tiempo que se haya prolongado el engaño, ya sea por trucar el contador o por el enganche al caudal de otro usuario, la sanción puede llegar a los 4.417,44 euros, a lo que se añaden acciones judiciales pertinentes, con la correspondiente demanda, cuando se trata de un consumo significativo. De hecho, si la cuantía que ha sido defraudada supera los 400 euros, estaríamos hablando de un delito estipulado en el Artículo 255 del Código Penal. Antes de consumarse la denuncia, la compañía suele cortar en varias ocasiones el abastecimiento ante las acciones fraudulentas, y trata de llegar a un acuerdo para evitar el juicio.