La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha absuelto al alcalde de Viator (Almería), Manuel Jesús Flores Malpica, que se enfrentaba a 14 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por presuntamente fraccionar en tres una obra para evitar su licitación y poder adjudicarla directamente.

El fallo también absuelve a cuatro miembros de su equipo de gobierno -Juan Manuel Ruiz, Laura Plaza, Manuel González y María Dolores Escámez-, que se enfrentaban a la misma pena por el mismo delito y los mismos supuestos hechos.

El tribunal almeriense señala en su fallo que el 9 de noviembre de 2017 fue aprobado inicialmente en junta de gobierno el “Proyecto de Intervenciones Urbanas: Plaza Candela, Cerro de la Cruz y Mirador del Cerro de la Cruz”.

Insiste en que a pesar de tener este nombre, la arquitecta responsable redactó tres proyectos diferentes por tratarse de zonas distintas del municipio sin “unidad funcional” entre ellas, por lo que la tramitación y ejecución de cada una pudo llevarse de “forma totalmente independiente”.

El prepuesto de ejecución de las tres obras ascendía a la suma de 152.534,80 euros que se fraccionaron en tres lotes que no superaban los 50.000 euros, lo que los convertía en contratos de obra menor que permitía su adjudicación directa sin necesidad de licitación, tal y como se hizo.

Añaden que estas adjudicaciones se hicieron sin pedir un informe a la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, pero aclaran los magistrados que no era “preceptivo” en la fecha de los hechos, a lo que añade que el secretario tenía conocimiento de éstas y no consta que “formulara advertencia o reparo alguno”.

Consideran así que no se ha “producido irregularidad administrativa alguna a sabiendas de la misma”, y han precisado que en una de las obras se se excluyeron unidades de obra que se ofrecieron en concurso por separado y se adjudicaron por el importe de 22.277,70 euros sin que haya resultado acreditado que se realizara en perjuicio de los intereses públicos”.

El abogado Carlos Aránguez, que ha representado al regidor, ha subrayado en una nota que estos “tres contratos fueron adjudicados en Juntas de Gobierno los días 9 y 20 de noviembre de 2017, sin que el secretario del Ayuntamiento manifestara reparo alguno, pese a ser el garante de la legalidad en los distintos órganos municipales”.

“Sorpresivamente, el 6 de enero de 2018, el entonces secretario del Ayuntamiento de Viator, Guillermo Lorenzo, emitió una dura nota de fiscalización en la que cuestionaba la legalidad de dichos contratos”, añade, a la vez que recuerda que la concejal que lidera la oposición (y anterior alcaldesa) interpuso una denuncia penal que desembocó en este juicio.

Ha indicado que "la defensa del alcalde puso de manifiesto que "no existía irregularidad alguna, a través de la prueba testifical, documental y pericial oportuna, consiguiendo una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables, tanto para el alcalde como para todos los concejales injustamente acusados”.