Acelerón a golpe de sanción a la depuración estancada

La Consejería de Medio Ambiente ha empezado a pisar el acelerador después del estancamiento que en los últimos años ha sufrido su plan para poner en funcionamiento los 300 proyectos de saneamiento y depuración declarados de interés general, 38 en Almería. Se ha incumplido la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea en la que se fijaba el 1 de enero de 2016 como plazo máximo para acabar con todos los vertidos urbanos al medio hídrico (cauces y arroyos), y el objetivo ahora de la administración regional, cuando están a punto de llegar las primeras sanciones, es avanzar a pasos forzados hacia el objetivo de "cero vertidos" de aguas residuales sin depurar y en los próximos años echará mano de los fondos propios derivados del canon autonómico que aplica desde mayo de 2011 -su impuesto indirecto en los recibos del agua-, de la línea de financiación FEDER y de inversiones estatales a través del Plan CRECE.

Las asociaciones Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), la patronal del sector Fadeco Contratistas y la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) llegaron a presentar una denuncia a finales de año al entender que existía un "presunto delito" con la aplicación del cánon del agua cuestionando que se hayan recaudado más de 350 millones y sólo se hayan invertido 59. El presidente de Ceacop, Francisco Fernández Olmo, aseguró esta semana que en Almería sólo se han realizado inversiones por valor de 9 millones en los últimos cinco años y criticó que no se adjudicara durante 2015 ni una sola obra de depuración, lo que evidencia un "avance deficitario" si bien están pendientes de adjudicación dos grandes actuaciones que suman 20 millones. La Junta no tira la toalla, pese a llegar tarde, para conseguir que la totalidad de la población someta a tratamiento sus aguas residuales. Hoy alcanza al 82% de la ciudadanía, con las obras ya en ejecución se sumará otro 2% y las infraestructuras pendientes son las que tienen que completar ese 16% de vertidos sin depurar. Un 12,7% de la financiación europea del Programa de Crecimiento Operativo Sostenible será para las obras de saneamiento, en torno a 700 millones que se canalizarán a través de planes plurirregionales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, con reserva de 186 para Andalucía. El Gobierno ha puesto sobre la mesa otros 1.000 millones para escapar a las sanciones comunitarias, después de afrontar las multas que en abril de 2010 interpuso el Tribunal de Justicia Europeo a 38 ciudades con más de 20.000 habitantes por incumplir sus obligaciones con el ciclo integral del agua.

La Consejería de Medio Ambiente, además, dispondrá de más fondos en su programa FEDER y tiene previsto sumar financiación a los ingresos por el canon de mejora autonómico. En los últimos años le han llovido las críticas del PP por su "inacción" al entender que frenar las obras pendientes está provocando un triple atentado contra el patrimonio natural y el turismo, la inversión pública y la salud de los andaluces. También se han sumado a los ataques los ayuntamientos que más ingresan por el canon, como Roquetas y El Ejido, al ingresar en sus facturas más de tres millones de euros en los últimos años sin ver los frutos.

La administración regional ha querido recordar que las plantas depuradoras no son competencia autonómica y corresponden a los consistorios afrontarlas, si bien se comprometió con la aprobación de la Ley de Aguas de Andalucía a salir en su auxilio ante su exigua capacidad inversora lanzando el ambicioso plan de proyectos de interés general (300 actuaciones que superan los 1.765 millones y tienen un empleo asociado de 28.400 puestos de trabajo) y un impuesto indirecto sobre el recibo del agua que se incrementa en función del consumo. El Ejecutivo estatal también declaró obras de interés general, sobre todo en la comarca del Poniente, a las que no han llegado las inversiones siendo un acuerdo que se remonta a la etapa de José María Aznar. Es otra de las negociaciones de la Junta con el Gobierno que asuma obras de ampliación de las depuradoras de Roquetas, El Ejido y Adra.

En este sentido, desde el gobierno de Susana Díaz destacan el "enorme esfuerzo presupuestario" que se ha realizado en los últimos años, a pesar de no avanzar lo previsto, con una inversión de más de 1.000 millones de euros con la que poder cumplir con los objetivos de la normativa comunitaria. Se ha pasado de un 28% de población con infraestructuras para depurar sus aguas residuales en 1992 al 82% actual que será de un 84% a corto plazo. Según la Junta, hasta 2015 se recaudaron 221 millones con el canon de carácter regional y finalista, que incrementó entre el 7-10% la factura familiar, y en ese periodo el gasto en las obras superó los 381,5 millones, cifras que no coinciden con la patronal ni tampoco con los populares han cuantificado en más de 400 millones los ingresos, unos 200 euros anuales por hogar.

En Almería se contemplaron 38 proyectos en el objetivo inaplazable de vertidos cero de los que siguen pendientes una treintena. La cuantía prevista era de 216,95 millones de euros y los empleos asociados 3.500. Eso sí, la declaración se remonta al 26 de octubre de 2010 y después se han tenido que incluir otras obras prioritarias como la depuradora de Antas que fue destruida por las riadas de la gota fría de finales de 2012. La nueva planta ya cuenta con proyecto y le queda el trámite ambiental y encontrar terrenos en los que ubicarla, si bien desde el consistorio apuntan a que podría adjudicarse el próximo verano.

Una de las obras más relevantes, la ampliación de la planta de El Bobar, con más de nueve millones de euros de inversión, culminó a principios de año y sólo está pendiente del enganche del colector general de los pueblos del Bajo Andarax a la depuradora de la Vega. El Ayuntamiento de Almería ha autorizado en los últimos días la conexión física entre la agrupación de vertidos de los siete municipios y la planta y la Mancomunidad ya ha licitado las obras de acometida de cada una de las redes locales al colectivo general. La puesta en marcha de esta infraestructura será determinante para acabar con los problemas del ciclo integral del agua en la comarca del Bajo Andarax, después de una primera fase de conducciones en los municipios que superó los 46 millones de coste, y también con los problemas de vertidos, malos olores y el azote de los mosquitos en la Vega de Acá y otros barrios de la capital, al igual que ocurrirá en los Filabres con la reactivación de los trabajos en la EDAR de Uleila del Campo, cuya inversión es de 2,6 millones, una vez superados los problemas concursales. Ya ha superado el 20% de ejecución. A partir de ahí, todas las miradas de Medio Ambiente están puestas en en Levante con la reciente licitación y posible inicio de obras este año de las depuradoras de El Cautivo en Níjar (8,3 millones) y Huércal-Overa (6,2 millones), esta última para evitar los continuos vertidos al río Almanzora tras resultar gravemente dañada por las riadas de 2012. Además, con la declaración de obra de interés de la EDAR de Mojácar y agrupación de vertidos de Turre, Garrucha, Los Gallardos y Bédar, cuyo coste superará los 30 millones, acabará el problema de depuración de una de las zonas más turísticas de la provincia y la afección ambiental al río Aguas.

Pero esta actuación está en cartera, junto a casi una decena, pendientes aún de algún trámite y la disponibilidad de los terrenos, que tienen que ser zonas accesibles que no sean inundables a las que el efluente pueda llegar por gravedad sin estaciones de impulsión intermedias. Fueron los técnicos de la extinta Agencia Andaluza del Agua los que en la elaboración del informe Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas de la provincia de Almería priorizaron los proyectos que beneficiarían a un mayor número de ciudadanos, normalmente los de la costa con un repunte estival de población, así como los que están en áreas de especial valor ambiental. Las que más retrasos acumulan son las obras propuestas para la redacción de nuevos proyectos de remodelación por los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente y ocurre con las plantas de Vícar, María, Vélez Rubio, Cantoria y Laroya, así como con la nueva EDAR y agrupación de vertidos de Albox y rambla de Oria. Así que no hay tiempo que perder. En tiempos de austeridad se tuvieron que reprogramar las actuaciones y aparcar en cajones, y ahora comienzan las sanciones de Bruselas mientras se acelera la licitación de proyectos con los que recuperar el tiempo perdido.