El magistrado juez, Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada y conocido por instruir el polémico Caso Malaya de Marbella, impartió ayer en Almería una ponencia sobre aspectos generales del delito contra la ordenación del territorio en el marco de unas jornadas sobre Delitos Urbanísticos.

Durante su intervención, Torres hizo hincapié en ilegalidades en relación al territorio, sobre los tipos penales, los problemas que plantea la aplicación, las alternativas que se pueden llevar a cabo tanto legislativas como de aplicación del derecho por las administraciones y por los juzgados, entre otras cuestiones. En este sentido, el magistrado juez aseguró que "se debería mejorar el funcionamiento de la Administración como finalidad preventiva o como control de la legalidad urbanística antes de llegar a los tribunales, que en el fondo, cuando se llega a la vía judicial ya tiene poca solución", y añadió que "las tendencias sociales deben ir en esta línea, por lo que es cuestión de demanda social".

El juez Torres destacó que "la sociedad sí quiere que la Administración sea más eficaz, pero lo que ocurre es que no siempre se siguen las mismas tendencias o no se tienen los medios suficientes", aunque no obstante aseguró que "quizá tampoco sea una prioridad".

Sobre el caso de El Algarrobico declinó dar una opinión sobre el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, pues aseguró que "aunque he leído sobre el tema, para dar una opinión tendría que estudiar el caso".

Por primera vez en Almería se ha celebrado un evento de estas características para abordar la problemática de los delitos contra la ordenación del territorio, tras el significativo incremento de estas causas en los tribunales de la provincia. En este sentido, el director de las jornadas, Luis Miguel Columna, juez decano de Almería, destacó "el incremento espectacular de este tipo de delitos en los cinco juzgados de lo penal de la provincia. Más de la mitad de los asuntos que llegan son sentencias condenatorias y en las que en algunas ocasiones se ordena el derribo de las construcciones", aseguró.

El acto también contó con la presencia de Antonio Vercher Noguera, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y Coordinador de medio Ambiente y Urbanismo, que habló sobre la problemática del derecho penal urbanístico; así como Joaquín García Bernardo de Quirós, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, cuya ponencia se centró en la protección de la legalidad urbanística en la Ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía.