Almería

Promotora del Algarrobico pide al consistorio los 1,7 millones que pagó por el suelo

  • Es el montante que abonó Azata del Sol en 2003 como contraprestación de la compraventa de dos de las fincas sobre las que se levanta el hotel paralizado por la justicia

La promotora del Algarrobico vuelve a pedir al Ayuntamiento que le devuelva los 1,7 millones que pagó por el suelo

La promotora del Algarrobico vuelve a pedir al Ayuntamiento que le devuelva los 1,7 millones que pagó por el suelo / Europa Press (Almería)

La promotora del hotel en el paraje de El Algarrobico ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Carboneras los 1,7 millones de euros que pagó a las arcas públicas en 2003 como contraprestación de la compraventa de dos de las fincas sobre las que se levanta el inmueble. Azata considera que este montante económico debe ser restituido, así como los demás gastos, intereses y "daños y perjuicios sufridos" ya que, en caso contrario, se produciría un "enriquecimiento injusto" a favor del consistorio.

La promotora reitera, en un escrito consultado por Europa Press, su petición 20 meses después de presentar la primera y después de que el Ayuntamiento haya comunicado al al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha dado cumplimiento a la sentencia que le ordena cambiar el suelo de El Algarrobico de urbanizable a espacio protegido en su planeamiento urbanístico. El consistorio argumentó ante el Alto Tribunal andaluz que no podía puede declarar nula, sin embargo, la licencia de obras pero remarca que esta es, ahora mismo, "inejecutable" debido a que "ha cambiado radicalmente" la normativa vigente en 2003 conforme a la que se tramitó.

Un decreto de Alcaldía de 18 de julio procedía, así, a dar cumplimiento al fallo firme de 19 de abril del propio TSJA que le ordena clasificar El Algarrobico como "no urbanizable con grado de protección C1" y el adyacente El Canillar "con grados B1 y B2". El citado decreto resolvía publicar en el BOP el cumplimiento del fallo de la sentencia, su comunicación a la Junta de Andalucía con competencias en materia de Ordenación del Territorio, insertar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio el fallo y adaptar la planimetría, "incluyendo la nueva zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre" en 100 metros de acuerdo a la Ley de Costas.

El escrito remitido ahora al Ayuntamiento de Carboneras por parte de Azata del Sol señala que este decreto de Alcaldía avala su reclamación económica y es un "claro ejemplo" de que el objeto del contrato de compraventa "ha devenido inexistente" ya que la "realidad jurídica de las parcelas ha desaparecido como consecuencia de los pronunciamientos judiciales sobre la ejecución del planeamiento urbanístico". "No se puede materializar el aprovechamiento lucrativo y la edificabilidad de uso residencial", remarca la promotora, que añade que el Ayuntamiento de Carboneras "ni siquiera contaría con un título jurídico válido que le amparara en la transmisión de los terrenos a favbor de Azata".

El precio de compraventa en 1.680.000 euros de las dos parcelas se fijó atendiendo al aprovechamiento urbanístico que el consistorio había asignado a estas en las Normas Subsidiarias y en el Plan Parcial del sector ST-1 sobre el que se construyó el hotel. En concreto, según precisa Azata, considerando los 8.120 metros cuadrados de edificabilidad de uso residencial que podía materializarse sobre la rasante de los terrenos. "Tales circunstancias y condiciones urbanísticas, que fueron consideradas por ambas partes básicas para la celebración de la transacción, han desaparecido como consecuencia de la sentencia, con lo que ha resultado frustrado el fin o causa del contrato de forma definitiva", destaca.

La promotora concluye que resulta "inaceptable" la "durarera y persistente inactividad" del Ayuntamiento con respecto a la reclamación que efectuó el 22 de febrero de 2017 en el mismo sentido ya que no ha comunicado el inició del procedimiento administrativo oportuno para resolver la reclamación, lo que supone un "flagrante incumplimiento de sus obligaciones", y anuncia la posible adopción de la vía judicial civil para exigir el abono de los importes que "adeuda".

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