El Algarrobico seguirá en pie mientras que no se cierre el proceso judicial

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en visita a Almería, se refirió ayer a la futura demolición de El Albarrobico. Así, indicó que las administraciones tienen la obligación de aguardar a que se resuelva el proceso judicial abierto en torno al hotel en el término municipal de Carboneras antes de demolerlo. Ello, según explica, puede abaratar el justiprecio para su expropiación futura. Así, "si el justiprecio se puede abaratar como consecuencia de una resolución judicial, pues bienvenido sea el abaratamiento de esos recursos".

Chaves ha recordado que es con el dinero de "todos" los andaluces con el que debe de asumirse la expropiación del inmueble construido en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería, por lo que insiste en la necesidad de mantener una línea de prudencia propia de las administraciones públicas.

Según señaló el Gobierno central y el andaluz "tienen que estar pendientes del dinero de todos los andaluces", según recoge EFE, además de contar con la "obligación y la responsabilidad" de esperar a que se resuelva el proceso judicial abierto sobre el edificio promovido por Azata.

En su intervención, el presidente de la Junta de Andalucía explica que "pese a los condicionamientos, nunca se pondrá en funcionamiento". Con ello, mantiene que el derribo es la única opción de futuro del inmueble construido, según los planteamientos que comparten la Junta y el Ministerio de Medio con organizaciones ecologistas como Greenpeace.

El pasado jueves, activistas de este colectivo cubrieron con 18.000 metros cuadrados de tela verde el hotel de El Algarrobico para intentar forzar el derribo del edificio por parte del departamento que encabeza la ministra Elena Espinosa. El Ministerio de Medio Ambiente respondió a la protesta diciendo que colaboraría con la Junta en la demolición del inmueble al término del proceso judicial.

Además, la administración central difundió los contenidos de un informe elaborado por la Abogacía del Estado que recomienda abandonar el proceso de expropiación emprendido mientras avanza la actuación judicial, puesto que continuar con él sería un "claro ejemplo de ineficacia de la actividad administrativa y de ineficiencia", en la gestión de los fondos públicos. Tras dicha publicación, la empresa promotora Azata planteó la posibilidad de realizar un cambio en su posicionamiento, aunque no avanzó los pasos que seguirá contra las recientes medidas de Greenpeace.