La media autonómica de economía sumergida es de un 28%. Su evolución es espectacular. En 1990, el dinero oculto del fisco significaba un 11% del PIB, tres años después ya era del 21,6%. El periodo de tiempo de este repentino aumento coincide de forma plena con la anterior crisis nacional, la del inicio de la década de los noventa.

Sin embargo, en 1995 vuelve a reducirse y cae hasta el 13,3%. Aumentaría hasta el 22% en 1997 y un año después de que comenzara la crisis se mantenía en un 24,9%. La media nacional también ha incrementado de un 17% a un 24% en los últimos seis años. En Almería, su 33,6% representa en torno a 4.000 millones de euros anualmente. Cada almeriense oculta a hacienda rentas por valor de en torno a los 5.000 euros.

En la elevada tasa de economía sumergida ha jugado un papel fundamental el efecto ‘arrastre’ que generó el boom inmobiliario, que hizo la economía española tan dependiente del ladrillo que fue incapaz de “cortar por lo sano” con el sector en los primeros momentos de la crisis económica. Pero, más allá del huracán de la construcción, el aumento del fraude ha tenido mucho que ver con el espectacular aumento del paro, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de los casos de corrupción política y empresarial. La idiosincrasia de cada provincia también ha determinado el mayor o menor índice de economía sumergida

Por ejemplo, el informe constata que hay mayor economía bajo cuerda en aquellas provincias con mayor número de parados de más de 50 años y de larga duración.

Un informe de Gestha relaciona la moralidad con los niveles de autonomía sumergida: “Detrás de la existencia de un determinado nivel de economía sumergida está lo que una sociedad quiera ser. Se trata, básicamente, de un problema de moralidad. Cuando a una sociedad no le parecen condenables ciertas actitudes relacionadas con la economía sumergida (por ejemplo, no está mal visto no pagar el IVA o intentar defraudar a Hacienda) es que esta sociedad está optando por una economía con un elevado índice de economía sumergida y con todas las complicaciones que ello conlleva”.

Este tipo de economía consiste en evitar el pago de impuestos, el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, no cumplir las normas laborales y de otro tipo (ciertos mínimos legales como el salario mínimo, el número máximo de horas trabajadas, estándares de seguridad o de salud...). Además, se busca no entrar en algunos procedimientos administrativos tales como rellenar cuestionarios u otros formularios.España cuenta con una presión fiscal normativa en 2020 diez puntos superior a la media de la Unión Europea, 110 puntos frente a 100 del promedio de la UE, precisa. Madrid obtendría una presión fiscal de 87,6 puntos, la más favorable, seguida de los distintos territorios del País Vasco, y el peor resultado se da en Cataluña, donde el índice se elevaría hasta los 134,5 puntos.

Los impuestos afectan a las decisiones económicas de los contribuyentes, la ubicación de las empresas y la creación y mantenimiento del empleo, por lo que la competitividad depende, en gran medida, de la transparencia y eficiencia del sistema fiscal, ya que un territorio con menores costes tributarios será más atractivo para la inversión de las empresas y tenderá a experimentar un mayor crecimiento económico que aquellos con una presión fiscal mayor.

Partiendo de unas competencias similares para las distintas comunidades es necesario respetar que los ciudadanos de cada territorio decidan qué bienes y servicios públicos desean, así como qué prestaciones y ayudas están dispuestos a sostener mediante sus impuestos.