Aqualia regulariza el grifo de 110 casas con tomas ilegales

Agudizando el ingenio para no pagar el agua. Cada vez son más los ciudadanos que intentan que el suministro de sus hogares sea gratuito, si bien olvidan que les puede acabar saliendo muy caro, ya que las sanciones impuestas pueden alcanzar los 4.741 euros en función del tiempo durante el que se ha prolongado el fraude, además de las acciones judiciales que conlleva cuando la empresa concesionaria del servicio opta por interponer una demanda. En el último año han sido un total de 110 los enganches fraudulentos que se han regularizado a través de las campañas periódicas para vigilar, controlar y detectar las posibles captaciones de agua sin contador que realiza la empresa gestora del servicio municipal en la capital, Aqualia. Al igual que el resto de las concesionarias del abastecimiento y saneamiento de los municipios almerienses, la de Almería se ha visto obligada en los últimos años a intensificar su control de contadores domésticos y también a incrementar las inspecciones ante posibles tomas y enganches ilegales porque la crisis está disparando el fraude, con especial atención a las áreas determinadas como diseminados, comunidades y chalés. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la zona de La Pipa donde técnicos de Aqualia tuvieron que realizar un corte masivo a los okupas con la presencia de la Policía Local ante las posibles represalias de los moradores ilegales. Según ha podido conocer este periódico, cuando las cuentas no cuadran a fin de mes hay quienes optan por falsear las indicaciones de sus aparatos de medida del volumen de agua consumida por su hogar, trucando el contador, y otros que directamente proceden con los enganches a la red general sin autorización e incluso los que se benefician de terceros a través de derivaciones clandestinas del caudal de otros usuarios.

En 2011 fueron 90 enganches fraudulentos regularizados y en 2014 alrededor de 100. Durante el último año la picaresca siguió creciendo hasta los 110, lo que evidencia la necesidad que tiene Aqualia de no bajar la guardia en los controles e inspecciones. Son más de 60 millones de litros cada año los que se fugan a través de las tomas ilegales, si bien la mayoría acaban siendo regularizados previo pago de lo consumido. La Sociedad de Gestión de Aguas de Levante Almeriense (Galasa) cifró en más de 70.000 los enganches ilegales que habían sufrido a lo largo de sus dos décadas de servicio a una treintena de pueblos, siendo 200 los expedientes de liquidación por fraude que se realizaron en ese periodo. Desde la concesionaria del servicio en Roquetas, Aquagest, entre los años 2011 y 2012 contabilizaron más de 700 casos con los que se dejaron de facturar de empresas y particulares más de 24 millones de litros.

De acuerdo con el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, en el momento en el que los inspectores detectan el fraude, elaboran un informe de inspección de las anomalías detectadas. Después se requiere al usuario de la finca que las subsane en el plazo establecido para evitar la suspensión del suministro y se procede con la sanción que podría alcanzar los 4.741,19 euros (IVA no incluido). Desde Aqualia recuerdan que tienen en marcha iniciativas en el marco del denominado Pacto del Agua como la flexibilidad de la compañía ante casos con dificultades económicas temporales.

"Realizamos un promedio de más de 500 planes de pagos anuales, con más de 500.000 euros aplazados, algunos de ellos hasta en 180 meses", asegura el gerente en Almería, José Colomina. En este sentido, ayer en unas jornadas sobre abastecimiento en Sevilla recordó que "en nuestra condición de servidores de un servicio público, no podemos condonar deudas ni ofrecer este servicio sin costes, pues realizaríamos una negligente gestión de un bien público como es el servicio de suministro de agua".