Hace aproximadamente un año, comenzaba la vista oral del caso ‘Poniente’ en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Hasta febrero se celebraron diferentes sesiones de cuestiones previas en las que parte de los acusados quedaron fuera de la causa al haber prescrito los delitos que se les imputaban. El fiscal Anticorrupción, Jesús Gázquez, retiraba también su acusación respecto a los delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2002 a 2005 por este mismo motivo, reduciendo así las penas a las que se enfrentan los acusados. Marzo era el mes en el que el juicio en sí arrancaría con la declaración de los acusados. Sin embargo, la pandemia de la Covid-19 cambió todos los planes de forma inevitable.
Finalmente, será este martes cuando el exalcalde ejidense, Juan Enciso, y el exinterventor municipal, José Alemán, entre otras decenas de acusados, tendrán que defenderse tras años bajo sospecha por el presunto saqueo de las arcas municipales ejidenses a través de la empresa mixta de servicios ElSur. Será en el palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce, acondicionado para dar cabida a acusados, abogados, funcionarios y medios, dónde arrancará la vista presidida por la magistrada Társila Martínez. El informe de la Fiscalía, de 207 páginas, señala que la empresa Abengoa habría obtenido 232,6 millones de euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual de ElSur y por servicios y obras fuera del mismo. La Fiscalía incide en que “a través de una red de empresas que se han ido sucediendo unas a otras, Abengoa ha venido siendo la propietaria del 70 % de las participaciones de ElSur” y dice que “estas sucesivas transformaciones perseguían un único fin, tratar de camuflar que la auténtica propietaria de ElSur es Abengoa”.
En la calificación de la Fiscalía, se solicitaban, entre otros, penas de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49,8 millones de euros para Enciso y Alemán, acusados cada uno de ellos de los delitos de malversación de los caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo propio continuado y prevaricación continuada.
Sin embargo, tras las cuestiones previas, el fiscal Jesús Gázquez retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005.
Ahora reclama para Enciso y Alemán 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos -en lugar de 19-, entre ellos uno de malversación de caudales públicos, 8 contra la Hacienda Pública, uno de cohecho pasivo y otro de prevaricación continuada.
El pasado mes de febrero la Fiscalía modificó su petición de penas para 27 de los investigados en el caso, entre ellos los principales acusados, al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos de 2002 a 2005.
Una de las reducciones más significativas es la de Isabel Carrasco, esposa de Alemán, que pasa de una petición de 85 a 9 años de prisión, al eliminar un total de 19 delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicitaba 76 años de presidio.
Los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón ven, respectivamente, cómo el fiscal ha rebajado su petición de 97 a 37, de 174 a 94, de 73 a 25 y de 85 a 21 años de cárcel. Asimismo, el fiscal señaló que habían prescrito por completo los delitos que se le imputaban al acusado José María C.C.
El calendario de sesiones prevé que el interrogatorio de los acusados se desarrolle a lo largo de diferentes sesiones del 12 de enero al 18 de marzo, señalando el 17 de junio como último día de conclusiones e informes de las partes.
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