La esperanza en transformar la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental ya está sobre papel. En julio, Clara Aguilera llevaba a la Comisión de Pesca su proyecto de informe en el que incluye 59 enmiendas a la propuesta inicial y que en un 90% recoge las demandas de los pescadores dedicados a la actividad de arrastre en Almería y, por tanto, en Andalucía (como apunte, en las subáreas geográficas GSA 1 y GSA 2 correspondientes al mar que baña el litoral mediterráneo andaluz y Alborán, faenan 102 arrastreros); si bien no será hasta el 28 de noviembre, cuando está prevista la votación en el pleno del Parlamento Europeo, cuando se resuelva el que será el documento final.

La CE hacía su propuesta de reglamento el pasado 8 de marzo, que contempla diez capítulos y veinte artículos y que afecta, sobre todo, a salmonete, merluza, gamba roja, blanca y la cigala. Éste atañe principalmente a las flotas de la UE procedentes de Francia, Italia y España. Entre las disposiciones específicas de la propuesta, hay dos especialmente temidas por el sector. Por un lado, el régimen de gestión del esfuerzo pesquero y, por otro, las zonas de veda. En cuanto a la primera, la propuesta introduce un régimen de gestión del esfuerzo pesquero en la zona a nivel de la UE para los buques de todo tipo de arrastres y todas las categorías de eslora. Cada año, sobre la base del dictamen científico, el Consejo decidirá el esfuerzo pesquero máximo admisible para cada grupo de esfuerzo y por Estado miembro. Además, la propuesta prevé una reducción sustancial del esfuerzo pesquero en el primer año de aplicación, así se calculará para cada grupo de esfuerzo como el esfuerzo medio expresado en número de días de pesca entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, teniendo únicamente en cuenta los buques activos durante ese periodo; en cada uno de los años siguientes, el valor de referencia será igual al esfuerzo pesquero máximo admisible del año anterior. Con la aplicación, tal cual, de estas medidas, en 2020, el sector pesquero vería su beneficio reducido un 75%, "sería imposible mantener la actividad", señalaba en abril José María Gallart, gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca).

Pide incluir flexibilidad a la prohibición del arrastre dentro de los 100 metros

Como anunciaba en mayo la propia eurodiputada Clara Aguilera en septiembre debía presentar su informe. Comprometida con el sector pesquero ha hecho los deberes, incluso antes de tiempo, satisfaciendo casi al completo las peticiones del mismo, como expone Gallart. Como se mantiene en el documento expuesto por Aguilera, la ponente introduce enmiendas en la propuesta al objeto de poder garantizar la conservación de los recursos en consonancia con las realidades socioeconómicas de las flotas, adaptar la gestión del esfuerzo pesquero en consecuencia, incluyendo la cogestión como posibilidad de ordenación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo occidental.

La eurodiputada acuña en su propuesta también a contribuir a la sostenibilidad social y económica además de la medioambiental, para llegar a un equilibrio y reducir el impacto en los territorios. Así, propone permitir que los Estados miembros puedan establecer medidas compensatorias a la paralización permanente de los buques afectados por las medidas de reducción del esfuerzo pesquero propuestas en este plan, tanto para los armadores como para los marineros.

Las primeras enmiendas "aclaran" ciertos aspectos del texto de la Comisión, así mientras ésta expone que el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) "ha demostrado que la explotación de la mayor parte de las especies demersales supera con creces los niveles de RMS (rendimiento máximo sostenible)", la eurodiputada aclara que la demostración sólo se refiere a determinadas especies. Por otro lado, y sobre lo que también protestaba el sector, sustituye la posibilidad de actos delegados por parte de la Comisión, por el hecho de que ésta pueda adoptar una nueva propuesta. Además apunta a que la entrada en vigor tardía del reglamento y la naturaleza dinámica de las pesquerías mixtas debería tomarse en consideración para alcanzar el objetivo de mortalidad por pesca de acuerdo con los rangos RMS, concediendo el apoyo necesario para corregir los posibles desajustes socioeconómicos del sector pesquero. Esto lo justifica dada la situación actual de las poblaciones y de la presentación tardía de esta propuesta por parte de la Comisión Europea, es materialmente imposible conseguir alcanzar el RMS en todas las poblaciones afectadas en 2020, sin una reducción sin precedentes y de efectos catastróficos para las flotas del Mediterráneo occidental.

Respecto a las zonas de veda, la ponente considera necesario incluir cierta flexibilidad a la prohibición del arrastre dentro de la isóbara de 100 metros en las subáreas geográficas en las que sea imposible de aplicar debido a la topografía del fondo del mar y/o al impacto socioeconómico que produzca dicha medida. Debido a las enormes diferencias en la extensión de la plataforma continental a lo largo de la costa occidental del Mediterráneo, esta medida produce impactos desiguales, injustos y desproporcionados sobre las diferentes flotas que operan en la región. Las flotas locales se han adaptado a las características de sus respectivos caladeros, por lo tanto, una reducción excesiva de dichos caladeros basado únicamente en criterios geográficos o topográficos podría producir daños socioeconómicos irreversibles al sector pesquero.

La ponente considera que la aplicación de la gestión del esfuerzo pesquero puede ser más efectiva y conveniente de forma conjunta en cada subárea geográfica (GSA) debido a que las categorías de eslora propuestas establecen diferenciaciones artificiales de la flota. Por consiguiente, propone la eliminación de las categorías de eslora teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, la flota de arrastre tiene una eslora entre 12 y 24 metros. En términos prácticos, no se da esa diferenciación.

Por otro lado, la reducción "considerable" del esfuerzo pesquero del primer año de aplicación del plan, indefinido en la propuesta de la Comisión y de efectos catastróficos de ser implementado literalmente, necesita concretarse. La ponente propone reducir un 10% el esfuerzo pesquero en el primero año, excepto en las GSA en las que ya se haya llevado a cabo una reducción de más del 20% del esfuerzo pesquero. La reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) de 2002 introdujo medidas para combatir la sobrepesca y mejorar la conservación y la explotación sostenible de los recursos, incluyendo por primera vez un enfoque a largo plazo en la gestión de las poblaciones. De forma adicional, desde la reforma de la PPC de 2013, la UE asumió el compromiso de alcanzar el rendimiento máximo sostenible en 2015 en las poblaciones en las que fuera posible y, a más tardar en 2020. Determinados territorios de la UE han llevado a cabo un importante esfuerzo de reducción de flota para contribuir a los objetivos de la PPC y es necesario que la propuesta de reducción considerable de la flota tenga en cuenta dichos esfuerzos según Aguilera, de forma que sea más justa y equitativa.

Mientras se suceden los trámites políticos para la aprobación definitiva del plan plurianual, los pescadores almerienses y, en su conjunto, andaluces no permanecerán con los brazos cruzados. En este sentido y como explica José María Gallart, también vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), proseguirán con la campaña Depam (Defensa de la pesca de arrastre sostenible en el Mediterráneo), que arrancaba en mayo promovida por dicha federación y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores. Así seguirán manteniendo reuniones con parlamentarios europeos en Bruselas y, por otro lado, ya tienen cerrado para el 3 de septiembre una visita de representantes socialistas en el Parlamento andaluz a la lonja de Almería.

Hay que tener en cuenta que lo que decida el Parlamento Europeo tendrá impacto directo sobre la flota andaluza de arrastre compuesta por 92 embarcaciones (48 en Almería) que generan 460 empleos directos (240 en esta provincia) y unos 2.300 indirectos (1.200 en los límites almerienses); además, el valor de las capturas en subasta en las lonjas andaluzas alcanza los 53, 6 millones de euros.