El equipo de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador quiere contratar servicios externos de asesoría jurídica para los juicios, con reclamaciones millonarias, que el Ayuntamiento de Almería tiene pendientes, según ha adelanto el portavoz de la Junta de Gobierno Local y concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenando al Consistorio al pago de siete millones de euros a la exconcesionaria del servicio de cementerios, Ceal, es el último varapalo judicial que está haciendo que el equipo de gobierno se replantee su sistema defensivo. El Ayuntamiento cuenta con un Servicio Municipal Jurídico y además una partida presupuestaria de 150.000 euros para gastar en asistencias de defensa jurídica. Ya lo ha hecho con el recurso interpuesto por la empresa municipal Emisa contra la concesionaria de los aparcamientos de Padre Méndez y mercado provisional, Carousel Eurogroup. Pero, según manifestó ayer Sánchez, el equipo de gobierno tiene intención de tirar más de abogados externos.

En opinión del edil, este paso no debe ser entendido como un gesto de desconfianza hacia los propios juristas municipales. "Unas veces pierden y otras ganan", expresó el responsable municipal, quien justificó la medida en un refuerzo legal al Ayuntamiento ante la acumulación de asuntos pendientes con reclamaciones de muchos millones de euros. Ahí están, por citar dos ejemplos, Telvent que exige el pago de 22,7 millones por la Ciudad Digital o el empresario Miguel Rifá que espera que los tribunales le reconozcan una indemnización de 31,2 millones de euros.

La contratación de defensa externa "sería para los casos gordos", avanzó el concejal de Salud y Consumo, quien también comunicó que el equipo de gobierno del Partido Popular está planteándose exigir responsabilidades jurídicas a los miembros del Partido Socialista e Izquierda Unida de la Corporación de Santiago Martínez Cabrejas (1999-2003), al entender que la condena de 7 millones por el servicio mortuorio se debe a decisiones erróneas adoptadas durante la legislatura anterior a la entrada en el Gobierno local del PP.

El actual concejal de Salud y Consumo ha tirado de los documentos archivados en el expediente de Ceal, entre los que consta que su antecesora socialista, Josefa Navarro, ordenó la paralización de la construcción del horno crematorio ante la presión vecinal sin que mediara documento de por medio. "Cómo una concejal para una obra sin ningún papel, después de que la empresa hiciera una importante inversión comprando dos hornos y habiendo pagado al Ayuntamiento 240 millones de pesetas por la concesión."

Esta podría ser una de las cuestiones principales en la comisión de investigación que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joaquín Jiménez, ha solicitado públicamente y que pedirá de manera formal al alcalde en el Pleno con la intención de depurar responsabilidades políticas por el silencio administrativo que se produjo, durante el primer mandato del PP, a la solicitud de rescisión de contrato presentada por la exconcesionaria.

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador está dispuesto a convocar esta comisión especial no permanente, pero ampliando la investigación en el tiempo, retrotrayéndola al año 1999, "así como a las sentencias que ha venido perdiendo desde entonces el Ayuntamiento", agregó Sánchez.

El concejal, quien hizo ayer entrega a periodistas del historial de los cementerios desde la adjudicación de Ceal, en diciembre de 1999, defendió el papel desempeñado por su antecesora en el cargo, la también representante del PP Rosario Soto, al no dar respuesta a la solicitud de resolución de contrato de Ceal, la cual era entendida por el Ayuntamiento como negativa y no positivo. "Aceptamos la responsabilidad de la condena, pero el silencio administrativo tiene unas causas que son el incumplimiento del contrato por parte de PSOE-IU en la anterior legislatura" y la orden de paralización de las obras sin respaldo documental alguno.

"No se pueden ir de rositas", advirtió el edil del PP.