Al Ayuntamiento se le esfuman 3,8 millones de impuestos y multas

El Ayuntamiento de Almería dejará de ingresar en caja un total de 3,8 millones de euros que esperaba cobrar al haber vencido los recibos correspondientes a impuestos y sanciones contemplados presupuestariamente como derechos liquidados. La Concejalía de Hacienda ha iniciado un expediente para la anulación de estos derechos de cobro prescritos que se corresponden a un total de 12.611 valores, una decisión que ha sido aprobada ya en Junta de Gobierno Local.

Los recibos a anular corresponden a derechos tributarios y no tributarios. Entre los primeros, figuran liquidaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Vehículos de Tracción Mecánica o el Impuesto de Actividades Económicas. Entre los segundos, el listado lo configuran deudas pendientes por sanciones urbanísticas, medioambientales o de tráfico. Suman en su conjunto 3.847.455,24 euros exactos cuyo cobro es considerado ya imposible.

Existen pagos pendientes que no pueden considerarse como derechos posibles de cobro. El Ayuntamiento realizó la oportuna notificación, "pero ha transcurrido desde la última actuación el plazo que la ley concede para ejercitar las posibles acciones de cobro sobre las deudas pendientes", tal y como consta en el expediente. En dicha documentación se detalla que la extinción de deudas se produce, en algunos casos, por la imposibilidad de llegar a realizar dichas acciones de forma que quede constancia fehaciente cuando han sido utilizadas las direcciones contenidas en las bases de datos municipales. "Hay que tener en cuenta que, además, éstas contienen información procedente de los padrones correspondientes a los impuestos cuya gestión censal corresponde a la Administración estatal que resulta, en ocasiones, deficiente".

El informe técnico elevado por Hacienda a la Junta de Gobierno Local añade que "lo expuesto provoca una situación en la práctica diaria en la que se manejan datos inexactos o incompletos que impiden realizar adecuadamente las notificaciones que la normativa exige para entender interrumpida la prescripción".

La problemática se agrava, según advierte el informe técnico, por las dificultades técnicas y la insuficiencia de medios materiales y personales para llevar a cabo las depuraciones de las bases de datos con las que opera el Ayuntamiento, así como actuaciones tendentes a su actualización y corrección, "imprescindibles -agregan- para conseguir una eficaz gestión del cobro de los tributos municipales".