Joaquim Bosch, magistrado, ha sido portavoz de la asociación judicial progresista, Jueces y Juezas para la Democracia y es además conocido ensayista y habitual colaborador en medios de comunicación. En su libro La patria en la cartera, que lleva ya cinco ediciones, ha logrado ofrecer una perspectiva global del fenómeno de la corrupción, quizá nuestra mayor lacra como sociedad y uno de los riesgos más directos para nuestra convivencia democrática. Mañana, 18 de enero, lo presentará en la sede de CCOO en Almería, con el impulso de la asociación cultural La Desbandá.

-Usted presenta en Almería su libro, La patria en la cartera, con una asociación de Memoria Democrática. ¿Se ha empezado ya a construir memoria de la corrupción en la dictadura franquista?

-Queda mucho por conocer sobre la corrupción durante el franquismo. Pero las investigaciones de los últimos años nos muestran que las prácticas corruptas estaban completamente instaladas en la dictadura. En mi libro intento mostrar los importantes efectos de estas prácticas indecentes en el nuevo sistema democrático. Sería absurdo atribuir a Franco la corrupción actual: la responsabilidad es de los gobernantes democráticos. Pero entenderemos mejor la magnitud del problema si conocemos su origen. Gran parte de las actuales formas comisivas de los delitos vinculados a la corrupción arrancan en el franquismo.

-La Transición ha sido objeto de constantes alabanzas, pero ¿se sirvió de ella la cleptocracia franquista para conservar sus privilegios?

-El periodo transicional tuvo aspectos positivos. Pasamos en poco tiempo de una dictadura a un sistema democrático. Al mismo tiempo, las complejas circunstancias de la Transición dificultaron una ruptura con la corrupción del franquismo. Hubo muchos hábitos políticos, empresariales y funcionariales que continuaron. Y en las décadas posteriores no se han impulsado los cambios estructurales necesarios para acabar con esas prácticas.

-¿Cómo influye la corrupción en el deterioro de las instituciones?

-La corrupción deteriora la credibilidad de las instituciones democráticas, rompe las reglas del juego en los casos de financiación ilegal de los partidos y provoca un enorme daño económico a todo el país. Nos cuesta más de 40.000 millones de euros al año. Los economistas explican que, si a la muerte de Franco hubiéramos cortado con las prácticas corruptas que venían de la dictadura, ahora tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a la de Finlandia.

Si a la muerte de Franco hubiéramos cortado con las prácticas corruptas que venían de la dictadura, ahora tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea

-¿Somos en esta cuestión un país diferente a los de nuestro entorno político?

-La singularidad de nuestro país es que la corrupción se concentra en el ámbito político. En otros lugares hay mayor incidencia en espacios funcionariales o policiales. Aquí hemos tenido implicados en casos de corrupción, en casi todos los territorios, a presidentes autonómicos, consejeros, presidentes de diputaciones, alcaldes o concejales de numerosas ciudades. Lo de España no tiene equivalentes en la Europa democrática. En corrupción política exteriorizada judicialmente superamos incluso a Nápoles o Sicilia.

-Hemos vivido una explosión de casos de corrupción en los últimos lustros. ¿El sistema ha sabido reforzarse?

-Ha habido avances institucionales, pero han sido insuficientes. De hecho, es probable que la concienciación ciudadana contra la corrupción haya avanzado más que la sensibilización en la esfera política partidista.

-¿Cómo afronta un juez el hecho de la corrupción cuando se topa con él en su trabajo?

-En todos mis destinos judiciales me ha tocado imputar por corrupción a alcaldes y a concejales, al igual que tantos jueces instructores de nuestro país. Y en la persecución de los delitos se encuentran algunas de nuestras insuficiencias más relevantes. Cuentan con más instrumentos las tramas corruptas para eludir la acción de la justicia de los que tenemos en los juzgados para perseguirles.

 -¿Ha logrado el poder judicial, en la lucha contra la corrupción, preservar siempre su independencia tras la Transición?

-Si se han impulsado centenares de causas por corrupción, es porque ha habido centenares de magistrados que han realizado un gran trabajo, a menudo en condiciones precarias y con numerosas presiones. En la cúpula judicial los problemas son otros, como puede constatarse con el lamentable espectáculo del bloqueo durante más de cuatro años en la renovación del CGPJ. El Consejo de Europa nos dice reiteradamente que esas injerencias partidistas sobre la cúpula judicial son un grave problema en la lucha contra la corrupción.

-Usted insiste en el necesario reforzamiento de la calidad institucional y la despolitización de la Administración Pública en sus altos niveles. ¿Nos falta cultura de Administración Pública?

-Sí que nos falta en comparación con las democracias europeas más avanzadas, que nos marcan el camino para mejorar. Necesitamos más medidas preventivas en los organismos públicos: adjudicaciones sin sobrecostes, controles internos efectivos, transparencia en la gestión, creación de infraestructuras éticas. Los países europeos con menor corrupción son los que tienen más elevada calidad económica. Cuentan con servicios públicos más desarrollados, con prestaciones sociales más amplias y han eliminado las bolsas de pobreza. Lo han conseguido al activar todo su potencial económico al servicio del bien común, sin la rémora de la corrupción. Aquí también podemos lograrlo si abordamos las reformas necesarias.