Buscan a familiares de los okupas de El Puche para reubicarlos tras el desalojo

El viernes estará finalizado el informe final que los servicios sociales de Ayuntamiento de Almería y Junta (a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) están desarrollando para encontrar la solución más razonable y sensible a la ocupación de sótanos -reconvertidos en viviendas en precarias condiciones y algunos de ellos realquilados-. Habrá que cumplir la legislación vigente y a quien no reúna los requisitos que marca la Ley de Extranjería se le aplicará el marco. De la misma forma, para no dejar a nadie en la calle, los servicios sociales han indagado durante estos meses para precisar si estos grupos cuentan con familiares en la provincia o en el resto del país para ser reubicados.

A partir del viernes, con el documento en manos de los responsables municipales y de la administración autonómica, se tendrá que tomar una decisión en función de las alternativas que se les ofrezca desde los servicios sociales.

Buscarán una solución al conflicto creado en El Puche Sur. AVRA trabaja en la zona desde hace años llevando a cabo un trabajo de campo para conocer la situación de los vecinos del barrio, pero a través del Defensor del Pueblo Andaluz cuando se hizo público el problema de la ocupación de sótanos. La diligencia, presentaba de oficio, detallaba la ocupación de unos bajos propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)en los edificios principales de la zona Puche Sur. La idea era convertirlos en espacios de reunión para asociaciones de vecinos, pero fueron vendidos a inmigrantes por un bajo precio, estos los cerraron con muros externos (no estaban construidos aún) y los convirtieron en viviendas . En expediente se relata que con la llegada masiva de más personas al barrio, en particular, de inmigrantes marroquíes, "se comenzaron a vender dichos locales aun sin título de propiedad a distintas familias". Hoy están todas ocupadas por unidades familiares, algunas de ellas, numerosas, prácticamente en su totalidad con menores y sin ningún tipo de condiciones de seguridad o salubridad. La diligencia detalla que "hacen sus necesidades en la calle o en retretes improvisados, con conexión al alcantarillado. Enganchan luz del alumbrado público con instalaciones muy precarias, que dejan a la vista cables empalmados sin ningún tipo de cobertura. Las ratas por la noche pasean por el callejón cubierto sin control de ningún tipo".

En la actuación de oficio queda expreso que a la vista de cuanto antecede, y teniendo en cuenta que en los hechos descritos se pueden ver implicados derechos constitucionales y estatutarios como el de la dignidad de la persona, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud pública, a la vivienda digna y adecuada, la especial protección que el ordenamiento jurídico otorga a las persona menores de edad.

Esto no es algo nuevo. Sucede desde un par de décadas después de la construcción del barrio (1975). Hasta allí llegaron familias , en gran parte de etnia gitana, que fueron reubicadas. Pero llegó el momento en que encontraron oportuno salir, así que en la década de los noventa fueron los inmigrantes los que vieron una posibilidad de vida mejor entrando a vivir en la zona. Era un paso hacia adelante en su bienestar. Muchos de estos, como los de antes, echaron raíces y se integraron en las costumbres de este barrio almeriense. Pero al igual que virtudes, a la zona también le surgieron defectos. Fue entonces cuando se creó un mercado ilegal de las viviendas construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda al inicio de la década de los setenta. Falsos propietarios que sin licencia han ido traspasando los hogares.