La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia cada vez más fuerte en el sector privado, ha logrado el compromiso por parte de la Junta de Andalucía para que los 15 trabajadores de Inturjoven del Albergue de Almería capital no sean desplazados a otras provincias, y para que se estudie en los próximos meses una solución definitiva para este colectivo.

Tras una batería de movilizaciones protagonizadas por CSIF en Almería en las últimas semanas, para instar a la Administración a que buscara alternativas que no lesionaran los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la empresa andaluza de gestión de instalaciones y turismo juvenil, Inturjoven, en Almería, la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha afirmado este jueves en el Parlamento andaluz que este personal se ubicará de forma provisional a partir del lunes en el albergue de Aguadulce, actualmente en desuso.

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno de la Cámara por la diputada socialista por Almería, Noemí Cruz, que se ha interesado por el conflicto que afectaba a estos trabajadores. Con ello se evita el desplazamiento forzoso que la Junta pretendía inicialmente llevar a cabo de forma unilateral en relación a una plantilla que tiene una edad media que ronda los 60 años y algunos de cuyos trabajadores cuentan con 28 años de servicio en el albergue de la capital.

Previamente, la consejera ha atendido a una representación de los trabajadores, encabezada por la responsable autonómica de Empresa Privada en CSIF Andalucía, María del Mar Gómez de Mercado, que ha acudido al Parlamento de Andalucía este jueves. La titular del ramo se ha comprometido con ellos a buscar soluciones alternativas en los próximos meses y a desplazarlos provisionalmente a las instalaciones de Aguadulce.

Inicialmente, la Consejería de Empleo envió un escrito en el que comunicaba la cesión temporal de las instalaciones de Inturjoven en Almería por parte de la Junta de Andalucía a la Consejería de Salud para la atención socio-sanitaria a personas y colectivos vulnerables en prevención y contención de la COVID-19.

Para CSIF, “la Administración tomó, en principio, la decisión más fácil y la menos justa, dejando a la deriva a 15 familias que no sabían cuál iba a ser su futuro laboral y que como única respuesta tuvieron que acogerse a unas vacaciones forzosas”.

Con la reunión mantenida con la consejera y su pronunciamiento este jueves en el Pleno del Parlamento, el Ejecutivo andaluz responde a la reivindicación de CSIF para que reconsiderara su decisión inicial y tuviera voluntad de buscar alternativas para aunar la atención a colectivos vulnerables y respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

CSIF ha agradecido tanto la atención dispensada por Rocío Blanco, como el interés demostrado por el Grupo Socialista respecto a la problemática de este colectivo.