Carmen Crespo defiende la "plena constitucionalidad" de la Ley de Costas

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha aseguró ayer, ante el anuncio de varias comunidades, entre ellas la andaluza, que recurrirán la Ley ante el Tribunal Constitucional, que no tiene "ninguna duda de la plena constitucionalidad de la reforma de la Ley de Costas, que es el fruto de un intenso proceso legislativo en el que se ha escuchado a los diferentes sectores afectados y fuerzas políticas". Además, destaca que esta Ley "garantiza el respeto a los principios constitucionales y al reparto de competencias".

Crespo defiende así la constitucionalidad de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha afirmado que la ley "no vulnera derechos constitucionales", y que "está pensada para resolver incertidumbres jurídicas de la anterior legislación y ofrecer la máxima protección medioambiental a nuestra costa haciéndola compatible con el desarrollo económico, turístico y de creación de empleo que ofrece el litoral".

A este respecto, la delegada manifiesta que la nueva Ley de Costas "fija medidas concretas para proteger el litoral andaluz y español evitando que se produzcan barbaridades urbanísticas". En este sentido, recuerda que la nueva ley atribuye competencias a los delegados del Gobierno, que podrán suspender de manera cautelar las obras que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección que vulneren la Ley de Costas.

Además, la delegada del gobierno en la comunidad autónoma andaluza explica que con la nueva Ley de Costas "se preservarán las playas vírgenes y se prohiben las nuevas edificaciones y el mantenimiento de la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros, entre otros aspectos" y ha destacado que "ofrece seguridad jurídica a los propietarios de viviendas anteriores a 1988, que se encontraban en un limbo jurídico, y protege instalaciones industriales y turísticas que generan una gran actividad económica en Andalucía". Crespo incide en que la Ley "mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y ofrece más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión". Se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas y se restringirán más en las playas naturales.